“Solo puedo decir que presenté mis pruebas”, dijo el diputado Quej después de haber comparecido con la pesquisidora a puerta cerrada.

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El legislador añadió que el caso se deberá dilucidar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y evitó profundizar al respecto.

Cuando se le consultó por el señalamiento relacionado a que había votado a favor de la aprobación de leyes y decretos que solicitó el Ejecutivo volvió a decir que había presentado sus pruebas, sin dar más detalles.

La Fiscalía ratificó el antejuicio contra Quej el pasado 23 de julio.

El avance de las pesquisas habría determinado que el referido diputado era un “jefe de línea” que habría organizado a los congresistas para aprobar leyes por petición de Roxana Baldetti, quien era la vicepresidenta de la República en ese momento.

Los posibles delitos que señaló la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) son cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y violación a la Constitución.

“Jefe de línea”

“Se considera que pudo haber ostentado la calidad de ‘jefe de línea’ dentro del Congreso. Estructura creada dentro del -cancelado- Partido Patriota en el cual se subordinó el Organismo Legislativo al Ejecutivo”, explicó el fiscal Luis Mejía en aquella oportunidad.

El fiscal mencionó que se estableció que el jefe de línea tenía a su cargo avisarle a los diputados que estaban bajo su mando las instrucciones recibidas por el Organismo Ejecutivo, “específicamente por Roxana Baldetti”, y además asistían a su oficina para recoger los sobres con dinero a los cuales les denominaban “champurradas”.

La investigación detalla cómo presuntamente en 2014 Baldetti entregaba dinero a diputados del Congreso para que aprobaran leyes, así como para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.

Además, para el MP, el diputado Juan José Porras pudo haber tenido participación en los hechos y por eso fue planteado el retiro de inmunidad del congresista el 6 de mayo pasado.

La investigación determinó que los legisladores recibían Q50 mil en un maletín, cada dos meses.

El documento de la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se refiere a que producto de estos pactos, y de esa supeditación del poder Legislativo a las órdenes del poder Ejecutivo, se tomaron diversas decisiones en el Congreso y se sancionaron leyes como la aprobada el 8 de abril de 2014, Decreto 12-2014, que contiene la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Por este caso también se presentó una solicitud de antejuicio en contra del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, quien ayer, 5 de agosto, se defendió ante la pesquisidora integrada en el Congreso de la República, ante la que calificó de espuria y política la petición en su contra. 

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