Es un poco difícil responder eso. Lo que se hace es tratar de salir al paso a los efectos de la falta de justicia hacia materias que necesita tener ordenadas un país. En primer punto, la justicia civil, que es la que garantiza seguridad y certeza para inversión nacional y extranjera, que es motor de un país.
¿En materia penal ha habido avances?
El sistema judicial responde a estímulos, trata de apagar fuegos. Es demasiada la corrupción. Hubo tanto cinismo que la situación se desbordó, pero eso es falta de una justicia civil, tributaria, administrativa y de familia. La justicia está copada por los sectores de poder.
¿De qué sectores habla?
De los económicos y políticos. Hay un adagio que dice que quien juzga, manda. Las leyes las hacen los representantes de los que tienen el poder.
¿Le ve futuro al tema del pluralismo?
Lo veo muy difícil. Si a la población indígena la van a juzgar las autoridades ancestrales se recupera el control y el poder político en el área rural por los mismos pueblos originarios, pues no estarían sujetos a la justicia ordinaria estatal.
¿El papel del Ministerio Público ha sido el de apagafuegos?
Lo que ve la gente son los casos que publican periódicos y la televisión. Los procesos de menor categoría no se atienden con la misma eficiencia.
¿Está tratando de decir que es una fiscalía mediática?
Estamos atendiendo lo que internacionalmente están pidiendo.
¿Habla de casos de corrupción?
Eso es un movimiento internacional, pero que debe darse en una forma general; no solamente en determinados períodos. No se está haciendo la investigación completa.
¿Por qué las investigaciones no abarcan otros períodos?
Se atiende la justicia por los efectos y no por las causas ¿Por qué hay criminalidad? ¿Por qué somos criminales todos? Porque no hay trabajo, y no hay trabajo porque no hay inversión. ¿Y por qué no la hay? Porque las empresas no tienen certeza jurídica.
¿En qué ha redundado destapar estos procesos?
Le ha dado respiro y la posibilidad de que se corrija el comportamiento de los políticos gobernantes. Pero mientras el sistema no cambie desde su raíz, siempre vamos a seguir jugando a lo mismo, porque los que están sindicados o procesados no son los únicos. La justicia sigue siendo controlada por el poder político. El magistrado sigue estando sujeto a que sus actuaciones sigan siendo buenas a los ojos de quienes los eligieron.
En este contexto que menciona de compadrazgo, ¿cuál es el futuro de los procesos?
Cuando haya jueces libres e independientes habrá una justicia pronta y cumplida. El juez en este contexto puede tener la libertad de recomendar retirar o no un antejuicio, independientemente de cómo esté planteado. El hecho de que planteen un antejuicio no significa que tenga que admitirse. El pesquisidor, si es libre, revisará con objetividad si aconseja o no quitar la inmunidad.
¿Hay presiones entre jueces?
Lo que se escucha es que ningún juez se anima a decir que no cuando hay un antejuicio porque de inmediato empieza también a ser investigado y por el miedo a ser tachado de juez de la impunidad. Eso se replica hasta en procesos de femicidio y violencia contra la mujer.
¿Cómo impactan en los procesos las metas que se les exigen a los fiscales?
Desvirtúan los procedimientos. Aunque una persona no tenga un señalamiento directo sobre un hecho, se convoca a una junta conciliatoria, y aunque el agraviado no pida una sanción mayor, el Ministerio Público pide un criterio de oportunidad, lo que significa que el denunciado acepta el hecho como cierto, lo que en ocasiones perjudica al señalado.
¿Qué hay de medidas sustitutivas?
Hay mucho temor entre los operadores de justicia de aplicarlas.
¿Ese temor es compartido tanto por jueces como por fiscales?
Solo por los jueces. La meta del fiscal es lograr la prisión.
¿Cuáles son los principales desafíos que trae consigo el 2017?
Que sea una justicia integral, no solamente enfocada al aspecto penal. Ese ha sido el error de todos los períodos de corte —Suprema de Justicia—.
Que se dé el pluralismo jurídico, pero conforme su verdadera naturaleza y autenticidad, pero ello no se trata solamente de aprobar la ley. Debe consultarse a la población indígena si bajo su responsabilidad se hace esa justicia.
Cifras y deudas
Estas son algunas de las particularidades judiciales de nuestro país.
Guatemala, junto con otros 13 países en América Latina, no genera suficiente información para establecer cuál es el índice global de impunidad.
En el país hay 6.67 jueces por cada cien mil habitantes, muy por debajo del índice promedio mundial, de 17.
Quince municipios no tienen presencia judicial.
Durante el 2016, la Cicig y el Ministerio Público hicieron públicos los casos Aceros de Guatemala, Terminal de Contenedores Quetzal, La Cooperacha y Cooptación del Estado, que empezaron a demostrar complejas estructuras criminales con características transnacionales.
El MP tiene cobertura en solo 34 municipios del país.
Durante el 2015 un defensor público atendió un promedio de 112 casos.
Fuentes: noveno informe de la Cicig, Plan estratégico quinquenal 2016-2020 del OJ y Defensa Pública Penal
