Los acusados de haber dirigido y cometido los abusos son el coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij, quienes han permanecido en prisión preventiva desde hace 20 meses y comparecen ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por los jueces Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gerbi Sical, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia.

Al momento de ser llamado a declarar Reyes Girón expresó que no aceptaba a ninguno de tres jueces.

“No voy a responder nada a usted, ni mi nombre le voy a dar”, indicó el acusado a la jueza Barrios.

Reyes Girón agregó: “Llevo las de perder si usted y la jueza que está a su lado -Bustamante- siguen en este caso”.

Luego de que Reyes Girón se abstuvo de declarar y de identificarse, en rechazo al Tribunal, se llamó al excomisionado militar Heriberto Valdez Asij.

“Yo digo la verdad de todo. Yo no trabajé para los militares, trabajé para la municipalidad (de Panzós)”, dijo Valdez Asij.

Agregó que aunque está en la cárcel, no sabe nada de las leyes y que él es agricultor. Aseguró que desconoce a las víctimas y a los militares.

Hasta el momento tres testigos han presentado su testimonio.

Diplomáticos acuden a juicio

Los embajadores de los Estados Unidos y Alemania en Guatemala, Todd Robinson y Matthias Sonn, respectivamente, llegaron a la sala para conocer el desarrollo del inicio del juicio, al cual sólo 11 de las 15 víctimas se presentaron. 

#EEUU y la comunidad internacional están presentes para mostrar su apoyo para un proceso transparente e imparcial. pic.twitter.com/UHObZe5JlP

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) February 1, 2016

La fiscal Hilda Pineda dijo que Reyes Girón, en su calidad de subteniente del ejército y comandante de pelotón “autorizó y consintió que soldados del ejército bajo su mando ejercieran violencia sexual y tratos inhumanos, crueles y denigrantes en contra de mujeres mayas Qeqchí”.  
                 
La fiscal describió que las agresiones fueron repetitivas, prolongadas y utilizadas “como un arma de guerra”.

Sobre Valdez Asij, quien en su momento fue comisionado militar -civil con funciones de militar-, se le señala por delitos contra los deberes de la humanidad en su forma de violencia sexual y desaparición forzada.          

Piden imparcialidad

El abogado de los acusados, Moisés Galindo, intenta detener el proceso alegando que existe una solicitud de amparo por considerar que los jueces del tribunal no son imparciales. Sin embargo, la fiscalía explicó que la Corte Suprema de Justicia no otorgó el amparo provisional como para frenar el inicio del proceso.             
 
“Mi defendido tiene derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial”, dijo Galindo al tribunal en su intento por detener el inicio del juicio.

El alegato de los acusados se fundamenta en que las juezas Barrios y Bustamante ya han emitido criterios sobre los casos vinculados al conflicto armado interno, pues el tribunal que integran condenó en 2013 a 80 años de prisión al general Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.

Barrios también conoció en 2001, como vocal del mismo tribunal, el juicio por la muerte del obispo Juan José Gerardi, en 1998, por lo cual fueron condenados a 20 años de prisión los militares Byron Lima Oliva; su padre, Byron Lima Estrada, y el sacerdote católico Mario Orantes, quien salió de prisión en enero de 2013 tras lograr redención de su pena.  
                 

El caso

La fiscalía recibió en 2011 una denuncia según la cual durante los años 1982 y 1983 al menos 15 indígenas Qeqchí fueron detenidas en el destacamento militar Sepur Zarco, ubicado en el municipio de El Estor en el departamento de Izabal, en el norte del país, donde fueron esclavizadas.          
 
En la sala las víctimas vestían sus trajes indígenas y llevaban cubiertas las cabezas y las caras para no ser vistas. En solidaridad, otras mujeres dentro de la audiencia también se cubrieron la cabeza.
 
Los delitos cometidos por los acusados pueden ser juzgados más de 34 años después debido a que se consideran de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben.  
               
Según la denuncia las agresiones y violaciones duraron unos seis meses durante los cuales además de ser violentadas las mujeres tuvieron que cocinar y limpiar para los soldados. 
                 
La denuncia también incluye la desaparición y muerte de al menos cuatro personas. 

La embajada de EE.UU., informó en su cuenta de Twitter que la presencia de Robinson, muestra el apoyo de la comunidad internacional al proceso judicial en Guatemala.