Según la acusación, los hechos se registraron entre 1982 y 1983 en un destacamento militar en la comunidad de Sepur Zarco, entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal.

“Previo a que las mujeres fueran esclavizadas sexualmente y domésticamente, sus esposos fueron desaparecidos, eran viudas, tenían niños pequeños, eran madres de familia”, señaló en un comunicado Hilda Pineda, fiscal de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno.

En las declaraciones rendidas por las víctimas, recopiladas por el MP, detallaron como sirvieron directamente a los soldados, a quienes les cocinaban, les lavaban la ropa con jabón que era comprado por ellas mismas, así también fueron abusadas sexualmente durante un tiempo prolongado; al extremo que varias de ellas sufrieron hemorragias y enfermedades.

Las víctimas fueron organizadas por grupos a cargo de comisionados militares por órdenes del subteniente Reyes.

Luego las mujeres fueron obligadas a llevar tortillas al destacamento militar de Sepur Zarco durante seis años, detalla el informe del MP.

Identificado

Pineda afirmó que “a pesar de las dificultades que tuvimos para individualizar a los responsables, logramos determinar quién era el jefe del destacamento militar, ahora ligado a proceso penal y quien enfrentará juicio. Las mujeres lo identificaron plenamente y dieron todas las características de él, incluso con fotografías”.

“En su responsabilidad no está la comisión de hechos sino la permisibilidad que dio para que se cometieran los hechos dentro del recinto militar, sobre todo porque él era el encargado y pudo evitar o sancionar”, enfatizó.

Como consecuencia de los vejámenes sufridos, las mujeres relataron que durante los últimos 30 años han sido discriminadas por parte de los mismos pobladores, quienes las han estigmatizado por lo que han tenido que vivir en lugares aislados.