Agentes de la División del Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas capturaron ayer a Walter Antonio García Aquino, de 26 años, Ana María Chajón Sánchez, 19, y una menor de 16 años, en la 7a. avenida y 18 calle, zona 1 capitalina, cuando se disponían a recoger Q5 mil en efectivo que pedían como cuota inicial a comerciantes.
Los detenidos habían advertido a sus víctimas de que después debían entregar Q1 mil semanales. Una situación similar ocurre en distintos puntos de la provincia.
En Nuevo San Carlos, Retalhuleu, una banda de extorsionistas exige Q10 mil a cada uno de los 23 integrantes de la asociación de transportistas locales, por “bono de inscripción”, y Q600 semanales por unidad, informó Augusto Mérida, presidente de esa agrupación.
“Se ha vuelto una modalidad que grupos de delincuentes se hagan pasar como pandilleros para amedrentar a sus víctimas. Lo que hacen es pedir una primera cuota, y les hacen saber que continuarán pidiendo más dinero. Lo que buscan es asegurarse una buena cantidad”, explicó un oficial de la Fuerza de Tarea contra Extorsiones, del Ministerio de Gobernación.
Se organizan
El nuevo método de exacción, unido a la frustración ante la falta de seguridad, han causado que vecinos y comerciantes se agrupen para defenderse.
Unas 300 familias de la zona 1 de Xela se organizaron desde el domingo último, pues muchos negocios, sobre todo tiendas de consumo, son extorsionados. “Estamos aterrados”, afirmó un vecino, quien señaló que colocaron ocho mantas vinílicas en las que advierten de que capturarán y lincharán a cualquiera que intente extorsionarlos.
“Las mantas forman parte de un diseño de seguridad que implementamos los vecinos, porque la PNC solo quiere reuniones y reuniones. Si agarramos a un delincuente, que se atenga a las consecuencias”, dijo.
El sector se ubica a cinco cuadras del Plan Cuadrante de la Policía, lo que enfurece a vecinos, pues afirman que ni eso les garantiza seguridad.
En Coatepeque y Colomba, Quetzaltenango, cada vez que hay festividad los extorsionistas exigen un pago extra: “bono de feria”, “de Navidad”, “aguinaldo”, “bono 14”, entre otros. Además, pandillas se disputan territorio y dinero de exacciones.
Flagelo en aumento
En Baja Verapaz, los más afectados son comercios y transportistas, que cada mes pagan cerca de Q16 mil, y para mediados y fin de año, la cuota se duplica, aseguró el transportista Luis Hernández.
Aunque en Baja Verapaz la incidencia criminal es baja, las extorsiones se extienden.
En Jalapa, tanto comerciantes como pilotos, en especial de mototaxis, han sido víctimas de extorsiones. Al menos ocho conductores de estos últimos han sido asesinados este año.
En El Progreso, los lugares donde más delitos de ese tipo se han registrado son Sanarate y la cabecera. En ambos departamentos, la modalidad es el envío de mujeres para que entreguen teléfonos celulares. Si la víctima se resiste a recibir el aparato, la matan.
Propietarios de negocios de Chimaltenango también han expresado su preocupación ante las constantes extorsiones.
“Tenía mi negocio en la cabecera, pero debido a que me exigían Q500 semanales para dejarme trabajar, preferí trasladar mi comercio a Tecpán Guatemala, donde la delincuencia no molesta tanto”, refirió el comerciante Fermín Simón.
Irma Solares, vecina de Tecpán Guatemala, expuso que ese delito abarca todo el departamento. En el caso de ese municipio, desde hace un año las llamadas telefónicas para exigir dinero se volvieron comunes.
Según cifras policiales locales, de enero a julio de este año se han registrado 25 denuncias por extorsión y han sido capturadas 13 personas. El año pasado, las cifras cerraron con 56 denuncias y 24 detenidos.
Carlos Tohom, jefe de la Comisaría 73, en Chimaltenango, insiste en que ante las nuevas modalidades extorsivas se debe fortalecer la cultura de denuncia.
Doble pago
Un pago semanal y otro mensual entrega el 80 por ciento de transportistas de Huehuetenango a grupos delictivos para operar con “tranquilidad” y que sus unidades no afronten atentados, principalmente en las rutas a Quetzaltenango y la capital.
Empresarios del transporte dijeron que por cada microbús urbano pagan Q100 semanales; por bus urbano, Q150; por extraurbano, Q200 semanales; y Q200 por microbús extraurbano.
En algunos casos les piden transferencias internas sin que pasen por bancos del sistema. Para ello, los extorsionistas utilizan empresas de envío de remesas que no dejan rastro. Otros exigen que una persona recoja el dinero y luego lo entregue en un lugar determinado, que cambian cada semana.
Las autoridades aseguran que en lo que va del año, 24 personas han sido capturadas por ese delito, que alcanzó al alcalde de la cabecera, Augusto Gómez.
El comisario Henry Delgado, dice que la unidad encargada es la División de Investigación Criminal, adonde llegan escasas denuncias.
Extorsión
“Es una forma de operar”
Agentes de la Fuerza de Tarea contra Extorsiones refieren que los grupos que cometen ese flagelo han adoptado la modalidad de exigir una fuerte suma de dinero y luego, cuotas menores, pues con lo primero se aseguran una buena cantidad de dinero en efectivo.
“Piden desde Q5 mil y les advierten a sus víctimas que tendrán una cuota menor, ya sea semanal, quincenal o mensual. Pero en ocasiones, por un tiempo, no vuelven a exigir dinero porque saben que es un riesgo”, refiere un oficial.
Añade que en la mayoría de casos son delincuentes que se hacen pasar por pandilleros para intimidar a sus víctimas.
“Lo hacen para capitalizar plata rápida, pues muchas de las víctimas acuden a la Policía; es cuando actuamos y capturamos”, refirió.
Agrega el investigador que los extorsionistas saben que al infundir temor la víctima accederá a pagar.
Explica que, en la mayoría de casos, los delincuentes observan varios días a sus potenciales víctimas.
Buscan, de alguna forma, información; vigilan sus horarios y hábitos, pues es una forma de causar miedo, y les exigen una cantidad. De esa manera, si los denuncian, ya obtuvieron dinero.
Sectores afectados por flagelo
Pilotos, ayudantes, comerciantes, profesionales y escuelas se han sumado a las víctimas.
Transporte
El 15 de julio último fue ultimado el piloto de bus Fredy Emilio Marroquín Tun, de 37 años, en la 24 avenida y calzada Roosevelt, zona 7, otra de muchas víctimas de extorsión en el sector de transporte de pasajeros.
Distribuidores
El 2 de julio, un adolescente lanzó una granada contra un camión distribuidor de agua purificada, en la Alameda 1, zona 18. Este sector se sumó recientemente al flagelo.
Panaderías
El 23 de mayo último fue ultimada Celestina Miranda García, dependiente de una panadería, en el barrio Colombia, zona 18, otro de los sectores comerciales afectados.
Colegios
El 8 de febrero último, delincuentes dispararon contra el colegio San Judas, en la 26 avenida y 13 calle B, colonia Santa Fe, zona 13, Varios establecimientos son afectados por ese delito.
411 Detenidos en el primer semestre del año, por extorsión.
18 Bandas de presuntos extorsionistas han sido desarticuladas.
13 Denuncias diarias de extorsión recibe la Policía, por parte de víctimas.
27 Personas fueron condenadas por extorsionar a transportistas, en 2013.
Postura
No tienen denuncias
Al Ministerio Público (MP) no han ingresado denuncias de extorsión en las que exijan a las víctimas cantidades elevadas y posteriormente pagos menores, refirió Rony López, jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que investiga casos de extorsión.
López explicó que esa supuesta nueva modalidad para cometer el ilícito podría confundirse con aquellas personas que tienen deudas y no quieren pagar, y exponen que les exigen cantidades grandes.
Los grupos de extorsionistas fijan un pago y regularmente es el mismo día a la semana cuando recogen el dinero exigido, por lo que López cree que esas situaciones son distintas de ese delito.
Sin embargo, para determinar si se trata de un hecho ilícito que se comete contra una persona, esta puede llamar al 2411-9119, del MP, disponible las 24 horas.
El fiscal señaló que la atención es personalizada y se orienta a quienes les exigen dinero para no matarlas.
Las víctimas reciben asesoría, ya que hay psicólogos que ayudan a las personas afectadas, pues muchos de los grupos de extorsionistas amenazan de muerte, tanto a la víctima como a su círculo familiar.
“Es a través de la denuncia que se va a determinar si se trata de una extorsión o de otras situaciones”, dijo López.
Agregó que hay que establecer cada uno de los casos, para corroborar si se incurre en delito.
El MP sostiene que la mayor cantidad de extorsiones proviene de los centros carcelarios del país.
Los integrantes de pandillas que guardan prisión coordinan ese delito por medio de llamadas, en especial desde el Preventivo para Hombres, de la zona 18, y El Boquerón, en Santa Rosa.
