La Contraloría General de Cuentas fue la encargada de plantear varias acciones legales contra personas e instituciones, por hallazgos durante auditorías. Sin embargo, aún no se sabe qué sucedió con varios casos.
En el hospital
Uno de los más mencionados fue el caso relacionado con Carlos Trabanino, supuesto empleado del Hospital General San Juan de Dios que pedía Q5 mil a un proveedor, a cambio de tramitarle un pago por servicios prestados.
Empleadas que denunciaron esta anomalía fueron trasladadas de departamento, pero Trabanino siguió en su puesto.
Feudo
El alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, es investigado por el Ministerio Público porque se le señala de haber creado, con ayuda de familiares, empresas que han sido beneficiadas hasta por Q54 millones.
Cerca de 10 firmas han participado en todos los concursos, y entre todas se reparten las obras.
Defectuoso
El MP, a través de la Fiscalía contra la Corrupción, reactivó el caso que había sido desestimado por esa misma unidad, para investigar irregularidades en la construcción del edificio de Gobernación de San Marcos, el cual afrontó daños por el terremoto ocurrido el 7 de noviembre último, pese a que la obra tenía apenas dos años de haberse inaugurado.
Malversación
El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) fue denunciado por la supuesta malversación de Q105 millones en la construcción de viviendas para víctimas del conflicto armado.
La adjudicación se hizo mediante un acuerdo tripartito entre el Fondo Nacional para la Paz, la Secretaría Nacional para la Paz y el PNR. Las organizaciones no gubernamentales (oenegés) denunciadas son Jade Maya, Adesi, Asodepro y Acadegua.
Compra
Otro caso sin resultados es la adquisición, por parte de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, por compra directa, a una empresa de servicios de limpieza, de dos mil 760 camisas para delegados del Partido Patriota, las cuales se usaron para la juramentación del presidente Otto Pérez Molina.
Cesión
El subinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal autorizó el usufructo de 348 mil 171 metros cuadrados a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal. La pugna entre el sindicato y las autoridades continúa. La Contraloría afirma que mientras no haya movimiento de recursos no puede auditar.
