El Tribunal de Mayor Riesgo B otorgó las medidas sustitutivas solicitadas por la defensa de los expolicías, quienes han sido señalados por el Ministerio Público (MP) de conformar una estructura que cometió ejecuciones extrajudiciales.

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Quienes de desempeñaron como superiores de estos expolicías, y habrían ordenado las acciones, están en libertad, con medida sustitutiva, hace cinco años.

En este caso la exdirectora de la Policía Nacional Civil (PNC) y ex viceministra de Gobernación Marlene Blanco Lapola fue enviada a juicio por ser quien, supuestamente, daba las órdenes para cometer las ejecuciones extrajudiciales, según las investigaciones del MP.

Los exagentes de la PNC son Mártir García Hernández, Wilder Valdez López y Lino Efrén García Castillo, acusados por asociación ilícita y ejecución extrajudicial. También Israel Chávez y Chávez, por ejecución extrajudicial. El caso es conocido como Cleopatra.

La defensa de los expolicías argumentó que no tienen dinero para sostener a sus familias por estar en prisión preventiva durante siete años y 10 meses, algunos exagentes han tenido que vender golosinas en la cárcel para obtener recursos económicos, indicó.

En la audiencia, la defensa de los expolicías señaló ante el Tribunal que cómo “era posible que Blanco Lapola, quien era la que daba órdenes, según el MP, estaba en libertad” y “los subalternos seguían en prisión”.

Además, los abogados defensores señalaron que el juicio no ha iniciado porque Blanco Lapola se ha dedicado a interponer recursos y recusar jueces para evitar el desarrollo del debate.

Investigación

El vínculo directo con la supuesta estructura que operaba en varias zonas del país y que mataba a supuestos extorsionistas “era la señora Marlene Raquel Blanco Lapola”, ha argumentado el MP en el proceso.

Los análisis de peritajes, flujos de llamadas e intercepción de correos electrónicos efectuados por el MP revelan que la estructura criminal se dedicaba a ejecutar extrajudicialmente a supuestos extorsionistas bajo el mando directo de Blanco Lapola.

“O sea, utilizamos un aparato estatal, utilizamos a un Ministerio de Gobernación, usamos a la Policía Nacional Civil, usamos a las personas que laboraban en ella para darle muerte, para ejecutar extrajudicialmente, para no llevar a la justicia a este tipo de personas”, dijo un fiscal en la etapa intermedia.

Según las investigación del MP, personas que eran ajenas a las extorsiones también pudieron haber sido ultimadas por esa estructura y dio dos ejemplos concretos de víctimas.

Un fiscal expuso que era evidente “el control que tenía la señora Blanco Lapola sobre el grupo de asesores y de policías encargados del tema de extorsiones”.

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