La orden deja expuesta la indisposición de la jueza para conocer y emitir sentencia en el debate contra los exgobernantes y varios exfuncionarios de esa administración porque había solicitado separarse del caso al considerar que no era idónea debido a la relación laboral que tuvo un familiar suyo en el gobierno del extinto Partido Patriota (PP).
El conflicto de interés que remarcó la jueza es que su yerno, Allan Castro Tejada, fue secretario general de la vicepresidencia en la administración de Baldetti.
Castro Tejada es esposo de Heidy Pamela Delgado Castellanos -hija de la jueza-, quien fue asesora jurídica de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio en el mismo gobierno.
El yerno de la jueza, en 2018, fue abogado de Armando Escribá, cuando era diputado del Congreso y el Ministerio Público solicitó retirarle la inmunidad por su implicación en el caso Construcción y Corrupción.
Castro Tejada, en las elecciones generales de 2011, se postuló como diputado al Congreso por listado nacional del PP en la casilla 15, pero no fue electo.
En la actualidad está pendiente de que el Tribunal informe el día y hora del debate público en el que serán juzgados 28 acusados, entre ellos Pérez Molina y Baldetti.
El 16 de abril del 2015 comenzó el final del gobierno del PP. Días después se supo que quienes comandaban la Superintendencia de Administración Tributaria, para supuestamente cometer actos ilícitos, eran el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, escándalo que terminó con la renuncia y captura de ambos.
Esa tarde, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la ahora inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala revelaron una investigación en la que detectaron la estructura criminal integrada por Carlos Muñoz, exjefe de la SAT; Omar Franco, entonces jefe de la SAT; y Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de Baldetti, quien se convirtió en colaborador eficaz del caso, ahora ya sentenciado.
Por el caso La Línea, el juez Miguel Ángel Gálvez otorgó criterio de oportunidad y avaló juicios abreviados, en julio de 2019, para el primer grupo de procesados que se beneficiaron al pagar sobornos, conocidos como “colas”, a los integrantes de la estructura de defraudación aduanera. En el caso están procesados 30 importadores, de los cuales siete obtuvieron un juicio corto.
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