Villatoro determinó que no existe ningún riesgo para el desarrollo de la pesquisa que desarrolla el Ministerio Público y que los ahora procesados tampoco podrían escapar, por lo que decidió imponerles medidas sustitutivas por la prisión preventiva que solicitaba la Fiscalía.
Los sindicados se comprometieron a guardar arresto domiciliario.
Rabbé Tejada permanecerá en su residencia, ubicada en la colonia Lourdes, zona 16; Cristiani Calderón se mantendrá también en su vivienda, en el condominio Altos de Castilla, zona 9 de Mixco; Herrera Quezada, en Jardines de San Isidro, zona 16; y Mijangos Contreras, en Santa Elena, zona 4 de Mixco.
Además tendrán que pagar fianzas de Q100 mil cada uno y acudir a la fiscalía encargada del caso cada 15 días, a partir del 15 de junio, para firmar el libro de procesados.
Vigilancia
Una restricción impuesta por Villatoro fue vigilancia parcial para cada sindicado, y el MP puede visitarlos frecuentemente, a fin de verificar si permanecen en donde se comprometieron.
También se les impuso arraigo y deben pedir permiso al Juzgado para salir del país.
La Fiscalía señala a los exdiputados por haber gestionado contrataciones irregulares cuando integraron la Junta Directiva del Congreso, las cuales eran innecesarias porque la ley indica que cada legislador tendrá a su disposición tres empleados. Muchos de esos empleados tenían altos sueldos pero no se presentaban a laborar.
Los hechos
Los sindicados fueron capturados el 26 de mayo pasado, día en que también se solicitó el antejuicio en contra de la junta directiva del Congreso que fungió del 2014 al 2015, presidida por Luis Rabbé.
Según las investigaciones, la nómina de personal contratado por estos exdiputados incluyó a maestros, profesionales, bachilleres, secretarias bilingües y hasta un panadero, pero ninguno llegó a trabajar en el Congreso, aunque tenían salarios de entre Q8mil a Q20 mil.
Alfredo Rabbé habría contratado a 21 personas en el 2014, y 13 en el 2015, sin que hubiera necesidad de ese incremento.
Herrera habría gestionado 20 plazas laborales que ocuparon familiares y personas cercanas a él, y Cristiani, otras 19.
El MP indicó al juez que Mijangos, por su cargo, tenía la responsabilidad de verificar todas las contrataciones y que permitió que personas que no cumplían con los perfiles requeridos fueran colocadas en puestos técnicos.
