El pasado 24 de abril llegaron a la Fiscalía de Ixchiguán el fiscal distrital Juan Florencio Ambrosio Hernández, de 54 años, y el auxiliar Alberto Maximiliano Domínguez Aguilar, 50, pero su jornada cambió desde ese día, ya que fueron tomados como rehenes por un grupo de personas armadas.
El MP informó que la turba exige como canje la liberación del convicto Domingo Juárez López, quien fue condenado en agosto del 2014 a 10 años de prisión, por el delito de homicidio en grado de tentativa.
Desde el día de la retención de Ambrosio y Domínguez se formó un equipo multidisciplinario que trabaja para lograr liberarlos.
Avances
Carlos Ruiz, secretario general del MP e integrante del equipo, aseveró que continúan con el diálogo para liberar a los dos empleados de esa entidad, aunque no proporcionó mayores detalles. Mientras tanto, la portavoz del ente investigador, Julia Barrera, aseguró que ya se tienen avances “positivos” con el grupo, pero que no se puede ampliar la información porque se afectaría el proceso.
La Procuraduría de los Derechos Humanos indicó que personal de mediación continúa en el lugar, para resguardar la seguridad de los dos trabajadores del MP. Asimismo, declararon que no dan mayores detalles, por seguridad de los rehenes.
Abandono
Mientras el equipo multidisciplinario trabaja en la liberación, autoridades judiciales abandonan el lugar para proteger al personal. Los primeros en tras-ladarse a la cabecera departamental de San Marcos, según el oficio 13/acta 21-2015, con fecha 8 de mayo, fueron los empleados del Juzgado de Primera Instancia.
“El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autoriza el traslado temporal, de la judicatura (…) con la misma competencia”, detalla el documento.
La acción fue confirmada por el presidente de la CSJ, Josué Felipe Baquiax. “La medida se tomó para resguardar la vida de los jueces, oficiales y personal que los ayuda en el lugar”, indicó el magistrado, vía telefónica.
El subdirector ejecutivo en funciones del Instituto de la Defensa Pública Penal, Julián Schaad, dijo que después de que la CSJ autorizó el cambio, ellos tuvieron que trasladar a tres empleados de esa institución.
“Se les hizo un espacio en la sede, en la cabecera de San Marcos, y en la actualidad laboran con normalidad todos los procesos de Ixchiguán”, explicó.
El MP también autorizó el traslado del personal; no obstante, fue hasta la semana última que se cambiaron a la cabecera de Quetzaltenango. “El proceso se hizo para resguardar la vida de los trabajadores”, expresó Barrera.
Ingobernabilidad
El experto en seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Nacionales, Wálter Menchú, manifestó que las acciones tomadas es la retirada del Estado, lo que representa la debilidad ante los grupos delictivos organizados que se relacionan con tráfico de drogas.
“Esto es la muestra para que otros grupos en diferentes partes del país también lo hagan, por la falta de gobernabilidad, lo cual es una señal del debilitamiento institucional”, enfatizó el analista.
Según Carlos Carrera, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la retirada de las autoridades del sector justicia vulnera los derechos de la población, ya que la Constitución establece que el Estado es responsable de brindar justicia.
“Está clara la debilidad del Estado y la falta de interés para llegar a acuerdos con los pobladores que retienen a los dos trabajadores”, refirió.
Carrera recomendó a las autoridades agilizar la liberación, y a los pobladores, que liberen a sus rehenes, porque lo que hacen está tipificado como delito.
Angustia
Nery Ambrosio, hermano de uno de los retenidos, dijo que está preocupado por la situación, ya que teme por la vida de su pariente.
“Estamos tristes y preocupados porque no sabemos nada de ellos. Les apagaron el teléfono celular. Es un martirio y preocupante no saber nada de ellos”, afirmó.
