Las denuncias de migrantes de diferentes nacionalidades que atraviesan Guatemala en su ruta hacia Estados Unidos han sido constantes y trascendieron más durante el 2023, cuando organizaciones y medios de comunicación hicieron públicos los testimonios de los afectados, quienes califican de “infernal” el trayecto por territorio nacional, incluso, más difícil que atravesar la selva del Darién en Panamá.
La función de la Dipafront, según la descripción de la Policía Nacional Civil (PNC), es resguardar el territorio nacional, velar por la seguridad ciudadana y “respetar los derechos humanos y estándares internacionales de atención a los migrantes”. Sin embargo, a decir del ministro de Gobernación, esa unidad no cumple con todas sus funciones, por lo que las pesquisas van enfocadas en depurar a los malos elementos.
“Dipafront tiene muchas denuncias, sobre todo con el trato a migrantes, ese tema nos preocupa mucho, porque los extorsionan”, acotó.
Jiménez dijo que no hay una fecha estipulada en la que se revelarán los resultados de las investigaciones, puesto que las mismas recién comenzaron.
“Pero se hará una reorganización en la Dipafront”, sentenció el funcionario.
Por parte de Comunicación Social de esa dependencia también se afirmó que “se están fortaleciendo las unidades de investigación para mejorar los controles y gestión en todas las instancias del Ministerio, y en donde sea necesario hacer lo que corresponde según la ley. Difrapront, como parte del Ministerio está en dichos procesos para mejorar los controles”.
Sobre si hay una cantidad de denuncias en contra de los agentes, se informó que se trabaja en la elaboración de una estadística. Todavía ignoran cuántos agentes podrían estar involucrados en ilícitos.
Tres agresores
Las extorsiones e incluso abusos sexuales por parte de la PNC también han sido confirmadas por organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, aunque “la mayor dificultad es la falta de denuncia formal ante el Ministerio Público (MP), puesto que los migrantes lo que quieren es irse y continuar su camino”, dice Rosario Martínez, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que efectúo una investigación de campo para conocer el problema.
Martínez afirma que los abusos sexuales contra mujeres provienen de tres agresores: agentes de la PNC, los mismos migrantes que van entre las caravanas y los traficantes de personas o coyotes.
También confirma que las denuncias son en contra de los agentes de Dipafront, una unidad policial que “necesita más personal y preparación”.
“Son 190 agentes de Dipafront los que están en toda la frontera con Honduras, entre ellos hay 40 mujeres, pero lamentablemente estos agentes no tienen preparación, y no solo ellos cometen los abusos, son todas las autoridades migratorias”, señala.
Martínez refiere que el tema es abordado por otras organizaciones a nivel centroamericano en colaboración con la casa del Migrante, que auxilió a mujeres agredidas sexualmente y las trasladado al hospital más cercano. Sin embargo, cuando se les dijo que debían pasar ante el MP para denunciar se rehusaron.
“Allí es donde ya no quieren, porque solo buscan continuar su camino y ese es el gran cuello de botella, que las mujeres no quieren denunciar”, afirma.
Martínez, quien se inmiscuyó entre los migrantes en su tránsito por Guatemala, afirma que los abusos sexuales y extorsiones se cometen por parte de las autoridades policiales a cambio de un “favor migratorio” para poder continuar, puesto que muchos no cuentan con los documentos requeridos para transitar por Centroamérica, como constancias de que los menores con los que viajan son sus hijos o que cuentan con el aval de sus padres biológicos.
Traficantes de personas que accedieron hablar con Prensa Libre afirmaron que los agentes de la PNC cobran entre Q100 y Q300 por cada migrante para dejar que continúen su camino, y hasta Q8 mil por dejar pasar a quienes tienen órdenes de captura.
Los cobros que se hacen en el área fronteriza con Honduras y El Salvador dependen de las nacionalidades de los migrantes y pagan entre US$30 y US$100, (unos Q240 u Q800).
Salvadoreños
Celia Medrano, consultora en Derechos Humanos de El Salvador, confirma que se ha conocido denuncias de salvadoreños que deben pagar sumas de dinero para continuar su camino por Guatemala.
“Las historias se conocen cuando llegan a México, ellos dicen que no denuncian en países de transito, incluso si fueron víctimas de agresión sexual, porque lo que quieren es continuar y una denuncia solo los retrasa y deben regresar al país de origen, cuando su objetivo es llegar a los estados unidos”.
En los argumentos de los migrantes para no denunciar formalmente también coincide Francisco Pellizzari, quien está a cargo de la Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala, y quien lamenta que las pruebas para que exista una investigación sólida son escasas, puesto que los migrantes que llegan a ese refugio tratan de no profundizar en los abusos que sufren, principalmente si se trató de una agresión sexual, y ellos prefieren no perturbarlos más al insistirles que acudan al MP.
Testimonios
Un reportaje del medio de comunicación El País, publicado en noviembre de 2023, recoge testimonios de mujeres que fueron abusadas sexualmente por supuestos agentes de la PNC durante su trayecto por Guatemala, según las características que proporcionan y porque fueron quienes les pidieron sus documentos en retenes oficiales.
Una de las mujeres entrevistadas originarias de Honduras que ingresó por la frontera de Aguas Calientes, afirmó que junto a cinco mujeres fue víctimas de abuso sexual a cambio de que las dejaran continuar en la ruta, debido a que no todas pueden pagar las cantidades en dólares que les exigen cuando no presentan documentos personales o los permisos para el traslado de sus hijos. Entre las víctimas se incluye una niña de 10 años, según lo que una víctima denunció a dicho medio, después de que lograra escapar hacia México.
Las autoridades instan a llamar al número 3032-7356 si en caso es víctima de algún cobro ilegal por parte de los agentes de la PNC.
