¿Cuáles son los principales problemas que se deben resolver en el Sistema Penitenciario?
Rivas: Es un problema histórico. Prácticamente es un tema olvidado por las administraciones de gobierno que han pasado. Eso nos refleja diferentes problemas como el hacinamiento, la falta de infraestructura, la falta de respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad, la falta de proyectos que reinserten, reeduquen y rehabiliten al delincuente y, por supuesto, la actividad criminal que de ahí se gesta para la sociedad guatemalteca.
¿Ha existido un programa formal para la rehabilitación de los reos, y qué proyectos podría usted emprender?
Rivas: La rehabilitación de los privados de libertad está relacionada con la reforma al sistema penitenciario; bajo estas condiciones es muy difícil que el Estado de Guatemala pueda cumplir con la rehabilitación.
En ese sentido hay que sentar las bases desde la data que debemos tener de cada reo, por qué delito está preso y cuál es el tiempo que lleva, y si ya tuvo derecho a redimir su condena o si ya cumplió con la misma.
¿Qué tipo de proyectos?
Desde generar un proceso de alfabetización a los privados que no saben leer, que terminen su escuela primaria, los básicos, el bachillerato y las carreras que puedan seguir, hasta carreras universitarias también desarrolladas mediante un convenio en cooperación con diferentes universidades, o instalar un establecimiento educativo superior dentro de las instalaciones del Sistema Penitenciario.
Otros serían los cursos de carácter técnico como herrería, panadería, informática, entre otros. Cualquier curso que les pueda servir en el futuro para cuando se reinserten a la sociedad.
¿Cuáles son las acciones a corto y largo plazo para resolver el problema de hacinamiento?
Guzmán: Primero fue ir a visitar —las cárceles— para confirmar lo que ya sabíamos, en qué situación están desde los privados de libertad hasta los guardias.
Debemos ordenar desde los guardias que son menos, ubicándolos en un espacio digno donde pernocten y retomar las áreas de ingreso y de control al Preventivo de la zona 18 que utilizan para ello.
Encontramos arcos y rayos X literalmente tirados y abandonados. Se pusieron a funcionar los que todavía servían y es por ello que se empieza a mantener un poco el control del ingreso de visitas. Otra acción fue retomar el control de las requisas que se había dejado de hacer. Llevamos aproximadamente 50 requisas en esta administración.
Según la ley los jueces tienen la obligación de visitar los centros carcelarios una vez al mes. ¿Han recibido este tipo de visitas?
Guzmán: El sistema colapsó hace muchos años; es un tema de infraestructura y presupuestario y no es común que lleguen a hacer la visita mensual, pero sí es común que tengamos la visita para diligencias de exhibición personal para casos puntuales o como anticipo de prueba.
¿Las capturas masivas son la solución?
Pineda: En sí la captura no es la solución al problema, pero obviamente nuestras autoridades no pueden dejar de hacer su trabajo. Ellos no pueden argumentar que no van a capturar criminales porque no hay espacio en la cárcel, porque estarían violentando la ley, no cumpliendo con su deber. Entonces incurrirían en una irresponsabilidad al igual que los jueces penales, que definitivamente puedo asegurar, no cumplen con el mandato legal contenido en la Ley del Organismo Judicial de visitar las cárceles.
La ley no solo permite sino que contempla como regla la medida sustitutiva, porque gran parte de la población reclusa es reo sin condena.
Esto no es únicamente responsabilidad de quienes tienen a su cargo el sistema sino también de quien pide que una persona guarde prisión. Y es más responsable el juez que tiene, no la opción, la obligación de tener a la libertad como la regla y la prisión preventiva como la excepción.
¿Se han planteado cómo desfogar está problemática de reos que ya hayan cumplido condena?
Rivas: Una de las primeras acciones que tomamos fue instalar una mesa de trabajo para impulsar la reforma al Sistema Penitenciario, y ya está aprobada.
Para empezar, esos 20 mil 500 privados de libertad que existen en los centros carcelarios no están debidamente registrados, no existe una base de datos, no sabemos por qué delito fueron condenados, qué período de tiempo llevan, cuál es el nombre exacto y real de los reos.
Tenemos que desarrollar una base de datos de todos los privados de libertad para promover que esas personas que ya cumplieron su condena, salgan. En ese proceso nos encontramos. Estamos hablando entre dos mil y cinco mil privados de libertad que están bajo esas condiciones.
¿Se podría decir que es a propósito que ninguna administración pasada haya hecho una base de datos?
Guzmán: Es un desorden. Si es o no a propósito el tema es que ahora es nuestra responsabilidad, la cual asumimos con seriedad y por ello se está impulsando que los equipos multidisciplinarios empiecen a funcionar.
Nos interesa la seguridad del ciudadano que está en la calle. Pero también debemos ver que las personas que se encuentren presas regresen a la sociedad con mejores capacidades y oportunidades para ser mejores ciudadanos.
¿Tienen algún cálculo de cuántas personas que han cometido delitos menores están detenidas?
Guzmán: Es parte del trabajo que se tiene que ir haciendo en la base de datos. Sin embargo, la prisión preventiva es una excepción y no una regla como lo dijo el señor defensor. Los delitos graves como extorsión, asesinato, robo agravado o un secuestro, a esas personas va dirigida la prisión preventiva, y aquellas personas que se estima van a salir huyendo.
¿Se ha visto un abuso sobre la prisión preventiva en los últimos meses?
Pineda: Definitivamente. Empecemos por entender que la prisión preventiva es mandar a la cárcel a alguien por algo que no sabemos si lo hizo; es decir el delito, para evitar que haga algo que no sabemos que hará, es decir huir. Así de subjetiva es la prisión preventiva.
¿Cuánto le cuesta al sistema la manutención diaria de un reo?
Rivas: Se paga Q5.05 por cada tiempo de comida; es decir, Q15.15 diarios en alimentación para un privado de libertad.
Con los gastos de funcionamiento más los salarios que hay que pagar a la guardia, al personal administrativo y a la Policía Nacional Civil que brinda la seguridad en los traslados, estamos hablando de entre Q45 y Q60 por guardia. Del presupuesto que tiene el Sistema Penitenciario el 90 por ciento, casi cerca de Q500 millones se van para la alimentación y para los gastos de funcionamiento anuales.
¿Cuánto podría ahorrarse si se lograra la libertad a reos con delitos menores o que cumplieron condena?
Rivas: Más que ahorrar, le diría es empezar a brindar a los presos una oportunidad de ser mejores ciudadanos. Solo en lo que va del año van casi 30 mil personas detenidas por la Policía y solo una mínima parte ingresa con prisión preventiva. Más de 50 mil personas son detenidas en un año.
¿Qué planes tienen para ser autosostenibles?
Rivas: Primero debemos tener claridad que necesitas infraestructura. Nuestros edificios datan de más de 15 años, fueron construidos para recluir a seis mil privados y ahorita tenemos más de 20 mil 500.
Las acciones que tomamos incluyen obtener bienes inmuebles que nos sirvan para generar esa infraestructura.
En este año vamos a inaugurar dos centros de privación de libertad para mujeres que tienen hijos viviendo con ellas, de 0 a 4 años, porque las condiciones son inhumanas.
¿Cómo se llegó al punto de que los reos permanecieran en carpas en Mariscal Zavala?
Rivas: Recibimos la orden de juez para recluir a las personas en ese centro. En oficios del Sistema Penitenciario se le había indicado con anterioridad al juez de que ese centro ya no podía recibir más. Pero yo no me voy a poner a discutir una orden de juez.
Tuvimos que tomar algunas acciones emergentes para pedirle al juez que ordenara el traslado de estos privados.
¿Qué acciones hay para mejorar controles?
Guzmán: Será hasta que nos vayamos mudando a este nuevo sistema que van a mejorar las condiciones.
