Tres casos abiertos contra negociador

En el Ministerio Público (MP) existen tres casos abiertos contra Gustavo Adolfo Herrera Castillo —señalado como el operador político en procesos de elección del Poder Judicial—, dos relacionados con una estafa millonaria al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y otro por estafa propia, apropiación y retención indebidas.

Gustavo Adolfo Herrera Castillo, tiene tres casos abiertos.
Gustavo Adolfo Herrera Castillo, tiene tres casos abiertos.

En la Fiscalía contra la Corrupción se encuentra el expediente MP0001-2003-167; en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, el MP510-2005-3, y en la Fiscalía Metropolitana, el MP001-2012-62221.

En el primero, por ahora, está señalado por otro sindicado en el caso.

La fiscal contra la Corrupción, Aura Marina López, indicó: “En el caso del IGSS se encuentra un juicio civil pendiente de resolverse. En tanto eso no suceda, no se puede establecer si procede iniciar alguna investigación penal”.

Según fuentes del MP que pidieron no ser citadas, en varias ocasiones el IGSS ha solicitado el cierre de los procesos pendientes contra Herrera, aunque este sostiene que no hay investigación alguna en su contra.

¿Quién es Herrera?

El nombre de este agrónomo de 60 años es el que frecuentemente se escucha en distintos círculos en procesos de elección del Poder Judicial. Él insiste en que no es abogado, tampoco un hombre público, y no descarta la posibilidad de que lo confundan con otra persona. Sin embargo, litigantes, jueces, fiscales y políticos hablan de él como quien lleva más de una década de relacionarse con distintos gobiernos y es reconocido como uno de los operadores más importantes del actual.

Vieja historia

Exdiputados del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) recuerdan a Herrera como un constructor desconocido que poco a poco se ganó la confianza de los primeros círculos de ese partido.

Encontró apoyo en los todavía legisladores Leonel Soto Arango, Baudilio Hichos López y Haroldo Quej. También en el expresidente del IGSS Carlos Wohlers, con quien estudió en el colegio La Salle, en Antigua Guatemala.

En el 2003, la Junta Directiva del IGSS autorizó el Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social, por Q350 millones, para proyectos habitacionales destinados a jubilados.

Arrinco, S.A. fue investigada por haber recibido supuestamente Q24 millones como parte de esas negociaciones.

El 2 de enero último, el interventor de la Dirección General de Aeronáutica Civil firmó un contrato por 15 años para la construcción de la sala 13 Baktún con la empresa Acero y Concreto, el cual se rescindió recientemente. El hecho es que su representante legal es Ciro Enrique Ordóñez Levy, el mismo de Arrinco.

Dos años atrás la gerencia de Arrinco estaba a cargo de Silvino Herrera Orozco, un antiguo colaborador de Herrera.

Por la estafa al IGSS fueron sentenciados Wohlers y su gerente, César Sandoval, quien señaló a Wholers y a Herrera en el hecho ilícito.

El abogado que representó a Herrera fue Víctor Hugo Cano, el mismo que defendió al presidente Otto Pérez Molina cuando se le señaló de haber participado en la muerte del guerrillero Efraín Bámaca.

Prensa libre intentó comunicarse con Cano, pero no fue posible ubicarlo.

Persecución

De acuerdo con políticos entrevistados, antes de que el gobierno de Óscar Berger desatara la persecución en contra de funcionarios eferregistas, Herrera, junto a Hichos López y Soto Arango, buscó su asidero en la Gran Alianza Nacional (Gana).

También quiso afianzarse con Ricardo Ortiz, yerno de Berger. Una Gana dividida entre “dignos” e “indignos” incidió en que durante ciertos períodos de esa gestión la persecución en su contra aumentara.

En junio del 2006, Herrera protagonizó una peliculesca fuga de un edificio de apartamentos, en la zona 14, donde vivía. La Policía encontró un pasadizo en el penthouse por donde escapó. En el lugar se encontró una póliza a su nombre por US$1 millón, del banco Pan American Assurance, en Nueva Orleáns, Louisiana, Estados Unidos, cuyos beneficiarios eran sus hijos. Las autoridades también decomisaron archivos, una computadora y una libreta de ahorros por US$15 mil.

El 27 de enero, cinco meses antes de su captura fallida, Proyectos de Obra Civil (POC), otra de las empresas de construcción —representada en ese entonces por Herrera Orozco— había recibido un contrato del Ministerio de Comunicaciones para construir un tramo carretero de Pajapita, Nuevo Progreso, a San Jerónimo, San Marcos, por Q66 millones 621 mil 317.97, según el sistema de Guatecompras.

Una década después, Hichos López pregunta: “¿Quién es él?”, y luego responde: “Estuve mucho tiempo en el FRG, pero nada, nada que ver”.

Soto Arango, en cambio, reconoce una amistad de años con Herrera, pero se deslinda de cualquier participación en reuniones para seleccionar candidatos. Dijo haberse encontrado en solitario con aspirantes cuando le solicitan que les explique cómo es el proceso.

El regreso

Aunque Herrera no figuró públicamente durante varios años, un exdiputado refirió que en los comienzos del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza afianzó su relación con el exesposo de Gloria Torres.

En agosto del 2008, el juez Eduardo Cojulum dejó sin efecto la orden de captura. En mayo del 2009 la Sala Primera de Apelaciones dejó en firme el sobreseimiento.

Pocos meses después participaba discretamente en reuniones junto a César Fajardo, Gustavo Alejos, Roberto López Villatoro y Manuel Barquín, según recuerda un exsecretario de gobierno.

Durante la campaña del Partido Patriota, Herrera se apareció con un grupo de financistas y ayudó a formar grupos de fiscales de mesas.

En septiembre del 2012, un fallo del juez segundo de Instancia, Carlos Aguilar, declaró con lugar la resolución que permitía suspender la persecución penal en contra de una de las últimas empresas de Herrera investigadas, la offshore (entidad fuera de plaza) Escabel Management, de la cual la Fiscalía tenía indicios de que fue utilizada para vender fincas sobrevaloradas.

Herrera explicó por teléfono: “Los contratos fueron rescindidos por las empresas que le vendieron al banco o a las que el banco les compró las fincas. Nunca participé en eso”.

Cuando se le recordaron los señalamientos de Sandoval el día de su entrega, respondió: “Él fue el que hizo el negocio con el banco”.

“Las offshore fueron las que rescindieron los contratos con el Banco Uno. El IGSS hizo negocio con ese banco. No se puede hablar de ninguna sobrevaloración porque fueron rescindidos. Todo eso lo han tergiversado”, afirmó.

De su relación con la vicepresidenta Roxana Baldetti aseguró: “La conozco porque es figura pública”.

“La gente inventa, no soy ninguna figura pública. No sé por qué razón me involucran”, indicó al defenderse de los señalamientos de allegados a los procesos de elección del Poder Judicial de este año.

Esta vez, según políticos y abogados entrevistados, su círculo está integrado por Juan de Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del IGSS; Luis Reyes, presidente del Colegio de Abogados —quien ha negado ese nexo en varias ocasiones—; Soto Arango; Allan Castro, funcionario de la Vicepresidencia, y algunos magistrados del “grupo de los seis”.

“Soy un desconocido. ¿Qué interés podría tener yo?”, aseveró Herrera.

El sitio web Insight Crime publicó el lunes último un reportaje sobre Herrera, en el que lo señala como el agente político del oficialismo en el proceso de selección de fiscal general y de tener vínculos con redes de narcotráfico.

PERFIL

Algunos datos generales del empresario Gustavo Herrera:

Originario de Cobán, Alta Verapaz

Es empresario relacionado con inmobiliarias y negocios de agroquímicos

Contrajo matrimonio con María Elena Acevedo, de quien se divorció en 2002

El 27 de abril de 2004 el entonces comisionado presidencial Otto Pérez declaró acerca de supuestos nexos de Herrera con el narcotráfico

En junio de 2009 el juez Eduardo Cojulum  falló a favor de cerrar temporalmente el caso por la estafa del IGSS

Tres investigaciones están abiertas en su contra en distintas fiscalías y otras tres han sido archivadas.