Imponen multas a las telefónicas por no bloquear llamadas desde cárceles

De febrero del 2015 a enero del 2016, las operadoras de telefonía —Comunicaciones Celulares, S.A. (Tigo), Telecomunicaciones de Guatemala, S.A. (Claro), y Telefónica Móviles de Guatemala, S.A. (Telefónica)— han acumulado multas por Q64.6 millones por no bloquear la señal de teléfonos móviles en los centros carcelarios del país.

Multas por incumplimiento suman Q64.6 millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Multas por incumplimiento suman Q64.6 millones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las sanciones fueron impuestas por la  Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) durante ese período; no obstante, los operadores impugnaron las resoluciones, y el ministro de Comunicaciones, Aldo García,  deberá resolver los reclamos.

Ante el supuesto incumplimiento de  bloquear la señal de los celulares en las cárceles, la SIT emitió varias multas a las empresas de telefonía. Tigo suma cinco multas, que ascienden a Q17.8 millones; Telefónica tiene nueve, por Q21.6 millones; y a Claro le impusieron también nueve sanciones, por Q25.2 millones. Las multas fueron emitidas conforme a la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Trasmisión de Datos, la cual fue declarada inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad.

Rechazan multas

La directora ejecutiva de la Gremial de Telecomunicaciones, Betty Marroquín, indicó que las empresas de telefonía “jamás” han incumplido con la Ley. Refirió que las firmas invirtieron recursos para instalar los equipos, los colocaron; pero han tenido problemas para darles mantenimiento.

“En algunas cárceles no se puede entrar, no son cárceles extremadamente ordenadas; hay algunas en las que los reos manejan algunas zonas de los recintos, así que el acceso no ha sido el ideal. En otros centros, los equipos se han encontrado dañados, mientras que en otras cárceles no hay servicio de electricidad”, explicó.

La directora indicó que los problemas antes detallados son situaciones que están fuera del control de las empresas de telefonía, ya que para darles mantenimiento a los equipos, los técnicos deben ingresar en las cárceles, con lo que se exponen a que a que les ocurra “algo” por falta de seguridad.

Marroquín manifestó que las tres empresas están en pláticas con el Ministerio de Gobernación y con el nuevo gobierno se han renovado las conversaciones para que se mantenga el bloqueo en las cárceles. Incluso ya se hizo una revisión en dos centros carcelarios y el  bloqueo funciona, señaló.

“Las empresas están en un diálogo constante y fluido para lograr que estos bloqueadores funcionen, y se tiene la mejor voluntad para que la que era la ley, porque ya no está vigente, se cumpla solo con el fin último de ayudar y colaborar para que las extorsiones sean eliminadas y ayudar a combatir la delincuencia sin necesidad de ser obligados por medio de una ley”, expuso.

Norma anulada

El 10 de marzo último, la Corte de Constitucionalidad anuló el decreto 12-2014, que contiene la citada ley que obligaba a las empresas de telefonía a bloquear las telecomunicaciones en las cárceles, y con ello las eximió de esa responsabilidad.

Aparte, con el fallo se restituyó el poder a los alcaldes y protege la propiedad privada y comunal de los pueblos indígenas.