Basados en la Primera Encuesta Nacionaal de Percepción de Seguridad Pública y Victimización de Guatemala (Enpevi 2018), el tema que mayor preocupación generó a la población durante el 2018 fue la inseguridad (55.3%), el desempleo (50.4%) y la pobreza (43.7%). Estos tres temas se suman a los riesgos del crimen organizado, el narcotráfico y otras variables que generan violencia en los territorios.
El objetivo de este estudio “es hacer un análisis multidimensional para identificar las relaciones existentes entre los indicadores de desarrollo humano y los de seguridad ciudadana, que permitan explicar y visibilizar el impacto en las condiciones de vida y desarrollo de las personas en los diversos territorios”.
El análisis lo elaboró InfoSegura, Proyecto Regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en alianza con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid). En ese detallan que “algunos de los municipios de Guatemala presentan el Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDH-M) equiparable a los IDH que poseen países desarrollados”.
Sin embargo, en esas localidades no se ha alcanzado todavía un IDH pleno por las diversas condiciones que afectan la seguridad ciudadana. En los últimos 11 años, según detallan, “se muestra una tendencia continua a la baja en la tasa de homicidios, con una reducción acumulada al 2021 del 60.2% en relación con el 2010”.
Pero eso sí, las extorsiones han tomado “una importante relevancia en su aporte a la incidencia delictiva acumulada, con un incremento del 109.1% en relación con el 2013, cuando se inició su registro oficial”.
Al relacionar las tasas de extorsiones con el IDH-M, según el estudio, se observa que “en los municipios con menor IDH-M suele haber menos”. “Los datos indican que hay una mayor tasa de extorsiones en municipios con mayor población, urbanización y actividad económica”, concluyen.
De 50 municipios con IDH-M alto del país, 21 también están clasificados como de los más inseguros; sin embargo, resalta el caso de Jocotenango, Sacatepéquez, dentro del grupo con inseguridad baja y muy baja, pero con IDH-M alto. Cosa contraria ocurre en Jocotán, Chiquimula, y El Estor, Izabal, que con su IDH-M bajo poseen inseguridad alta y muy alta.
La relación entre estos dos factores, según el informe, determina la existencia de dinámicas territoriales “diferenciadas que denotan que el problema de la inseguridad no puede interpretarse solo como la suma de hechos delictivos y en forma aislada”.
Los diversos estudios y análisis que se han efectuado en la región, como el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014: Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, apuntan que factores como la desigualdad, el tráfico de drogas, el fácil acceso a las armas de fuego, las fronteras porosas y la debilidad institucional inciden grandemente.
La segmentación por la violencia
En este análisis del PNUD se segmentó a algunos departamentos por alta o baja tasa de homicidios y extorsiones. Los colocaron en cuatro grupos.
Por ejemplo, el grupo 1, con alta tasa de homicidios y extorsiones, incluye a Escuintla y Guatemala, este último con la densidad poblacional más alta y ambos con alto porcentaje de urbanidad, siendo departamentos conexos con alta actividad económica.
Estas dos localidades “registran el IDH-M en promedio más alto y la menor tasa de personas retornadas. En estos departamentos se registró la mayor tasa de victimización según la Enpevi 2018 y en consecuencia una mayor percepción de inseguridad”.
“Los dos departamentos concentran el 25.5% de la población total del país, y en el año 2021 tuvieron el 51.7% del total de denuncias de extorsión y el 50.0% del total de homicidios, así como también las tasas más altas de ambos fenómenos delictivos”, resalta el informe.
En estos departamentos, según registros de la PNC, se ha identificado que un alto porcentaje de los homicidios están relacionados con pandillas (28.3%) y la venganza personal (27.6%).
Por lo que se evidencia la presencia de maras o pandillas y posiblemente del crimen organizado, grupos que convergen, coexisten y probablemente interactúan en los territorios.
“A pesar de una reducción en la tasa de los homicidios a partir del 2013 y a una mejora en el bienestar medido por el IDH-M entre el 2002 y el 2018, aún existen inequidades en estos territorios”.
El grupo 2, integrado por Jalapa, El Progreso, Petén, Chiquimula, Zacapa e Izabal, también reportan una alta tasa de homicidios, pero una baja en el caso de las extorsiones. Son departamentos principalmente rurales, con una baja densidad poblacional y algunos fronterizos con Honduras y México.
“La mitad de la población vive en municipios con IDH-M medio. También registró la segunda mayor tasa de personas retornadas. Estos departamentos concentran el 13.9% de la población total del país, y en el 2021 concentraron el 6.7% del total de denuncias de extorsión y el 24% del total de homicidios”, según el PNUD.
En este grupo podría existir mayor presencia del narcotráfico, ya que, por las características demográficas con alta ruralidad y fronterizos, se encuentran en las rutas del tráfico de drogas y de armas de fuego identificadas por las fuerzas de seguridad del país.
Y por la presencia del narcotráfico en estas localidades es poco probable que haya pandillas, ya que, en el 2021, según datos de la PNC, los homicidios relacionados con pandillas solo representaron el 0.3%, y registraron bajas tasas de extorsiones.
El 56.8% del total de municipios afectados por el corredor seco se ubican en este grupo de departamentos. Son comunidades vulnerables al cambio climático y que mantienen a sus pobladores en el círculo de la pobreza y vulnerables a involucrarse en actos ilícitos como el narcotráfico.
Este grupo de departamentos, según la PNC, han presentado la mayor disminución de los homicidios en relación con el 2013, pasando de 66.3 a 28.7 homicidios por cada cien mil habitantes una reducción de 37.6 puntos.
En el grupo 3, que es de baja tasa de homicidios y alta de extorsiones, están Sacatepéquez, Retalhuleu, Santa Rosa, Quetzaltenango, Jutiapa, Chimaltenango, Suchitepéquez y Baja Verapaz, que se caracterizan por ser considerados departamentos con ciudades intermedias, y están ubicados en la segunda posición en cuanto urbanización, densidad poblacional e IDH-M más alto en relación con el resto de grupos.
Según la PNC, concentran el 25.6% de la población total del país y en el 2021 concentraron el 30.5% del total de denuncias de extorsión y el 18.7% del total de homicidios. “Al 2021, las denuncias de extorsiones se triplicaron en relación con el 2013, pasando de una tasa de 29.6 a 92.8 extorsiones por cada cien mil habitantes”.
La evidencia confirma que en este grupo de departamentos operan las pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Según la Enpevi en el 2018, el 27% de las personas declaró que había presencia de pandillas en su localidad; además, durante el 2021 registraron la segunda mayor proporción de homicidios relacionados con pandillas respecto del resto de los grupos.
Este segmento tiene el segundo lugar en victimización y mayor percepción de inseguridad según la Enpevi 2018; sin embargo, registra la mayor confianza institucional de los cuatro grupos.
“El incremento en las extorsiones se podría explicar como el resultado de una reconfiguración en el mecanismo de financiamiento de las pandillas, pasando del negocio del sicariato a la extorsión, especialmente dirigidos en alta proporción a residencias, comercios y transporte, en centros urbanos con mayor actividad económica”, consigna el informe.
Dentro de este grupo, es evidente la dinámica geográfica de la extorsión. Primero, la cercanía con el departamento de Guatemala, y la facilidad de desplazamiento colindante hacia Santa Rosa, Baja Verapaz y Chimaltenango.
Segundo, el crecimiento urbano y comercial que han tenido Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez. Esto, según los expertos del análisis, podría explicar el desplazamiento de clicas desde el departamento de Guatemala, donde mantienen su centro de operaciones, en especial en el área metropolitana.
Resalta el caso del departamento de Jutiapa, donde en relación con el 2013 casi se triplicaron las extorsiones, lo cual se atribuye en cierta medida al desplazamiento de pandillas desde El Salvador.
De hecho, este mes un informe de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC) reveló que hasta finales de julio habían detenido a 65 pandilleros salvadoreños que huían supuestamente del gobierno de Nayib Bukele que ha mantenido estados de excepción en el país vecino.
Además, agregaron que se han instalado en este departamento, pero la nula relación con el narcotráfico los ha orillado a migrar hacia otros puntos donde puedan sostener sus actividades criminales.
El grupo cuatro, que es de baja tasa de homicidios y extorsiones, está integrado por San Marcos, Alta Verapaz, Sololá, Quiché, Totonicapán y Huehuetenango, “representa las áreas más rurales, con la tercera posición en cuanto a densidad poblacional, con el promedio de IDH-M más bajo, las mayores tasas de personas retornadas y la mayor concentración de población indígena”.
Es el grupo de departamentos que registró un mayor incremento en su IDH-M en relación con su última medición.
Según el censo durante el 2018, aproximadamente el 10% de los hogares de esos lugares recibieron remesas. El mayor porcentaje del grupo de estudio concentra el 35% de la población del país, la mayor de los cuatro grupos, y en el 2021 solo sumó el 11.1% del total de denuncias de extorsión y el 7.3% del total de homicidios.
Asimismo, se registró la menor tasa de victimización y percepción de inseguridad, según la Enpevi 2018. Pese a que este grupo se caracteriza por departamentos con baja incidencia delictiva, en departamentos como Alta Verapaz, Huehuetenango y San Marcos existen territorios en donde hay presencia de grupos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico que participan en un gran número de actividades ilícitas.
De hecho, Estados Unidos y sus agencias de cooperación han alertado a sus ciudadanos de no viajar a San Marcos y Huehuetenango, por la presencia de grupos del narcotráfico en casi todos sus municipios, con excepción de las cabeceras departamentales.
Según datos de la disuelta Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos en estos departamentos se concentra el mayor número de conflictos sociales, principalmente agrarios (42.5%), relacionado con sus medios de producción.
Este segmento representa un territorio con alta pobreza, desigualdad, exclusión social, vulnerabilidad climática, problemas estructurales que a largo plazo se manifiestan en forma de conflictos sociales y en algunas ocasiones violencia.
El departamento de Sololá, en particular en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, ha mantenido un conflicto agrario latente en los últimos cien años.
Durante el 2021, el 55% de los homicidios del departamento tuvieron como móvil la conflictividad social. De hecho, el pasado 10 de agosto se registró una muerte más en esta demarcación. La violencia generada por la conflictividad social afecta la seguridad humana en algunos territorios, cita el PNUD.
