El Instituto de la Víctima, con apenas nueve meses de funcionamiento, ya tiene abiertas dos investigaciones penales y expedientes acumulados que, según organizaciones del área judicial, limitan los alcances de atención para los que fue creado.

Ese instituto es producto de la necesidad de brindar atención legal gratuita a las víctimas de algún delito, y otros servicios, desde los jurídicos, psicológicos y de trabajo social. Comenzó como una extensión del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), en el 2008, en los juzgados de Femicidio y en la Torre de Tribunales.

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La demanda rebasó las posibilidades de atención y, 12 años después, el Congreso creó el Instituto de la Víctima, y el entonces presidente Jimmy Morales nombró por cuatro años directora a Alejandra Carrillo, quien no consiguió renovar su curul y unas semanas antes había renunciado como diputada.

El Instituto comenzó su trabajo en septiembre del 2020, y recibieron mil 802 procesos –973 eran de la capital y los demás de las 12 sedes departamentales–, en septiembre del 2020.

María del Carmen Estrada, exjefa de la coordinación nacional de asistencia legal gratuita a la víctima y sus familiares del IDPP, explicó que mientras estuvieron a cargo del programa atendieron más de cien mil solicitudes de servicios.

Para Lilian Ninneth Vásquez Pimentel, directora del Bufete Jurídico de Derechos Humanos con Enfoque Feminista, una de las debilidades del Instituto es que no tiene la misma cobertura que tenía la defensa legal en la provincia.

El trabajo del Instituto lo califica de lento y carente de capacidades técnicas y jurídicas para representar de forma adecuada a las víctimas, lo que también los hace incapaces de ejecutar los Q50 millones de presupuesto asignado.

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“No han logrado tener la cobertura que tenía asistencia legal gratuita, y eso se traduce a una falta de atención adecuada y diligente a las víctimas que no pueden pagar un abogado. (…) Si bien la ley tiene tres años, hasta en el 2019 aprobaron la erogación de los Q50 millones para el Instituto”, afirma Vásquez.

Mientras que Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, indica que el Instituto nació en medio de la pandemia, y eso pudo haber afectado su trabajo.

Añade que hace falta que se divulgue para qué sirve y sus servicios, que no se limitan a atender casos de violencia contra la mujer.

Oficina de empleos

En menos de 10 meses, el Instituto de la Víctima acumula dos investigaciones y varios allanamientos a sus instalaciones. El primer caso se trata de una denuncia relacionada con la posible sobrevaloración en el arrendamiento de la sede central, la cual está ubicada en la zona 10. Según el portal de transparencia de la institución, se desembolsan Q113 mil cada mes por alquiler del inmueble.

De acuerdo con el fiscal contra la Corrupción Gabriel Pantaleón, la información que tienen es que existe falsificación de datos, porque previo a la contratación las autoridades de la institución tenían “apalabrado” que escogerían las instalaciones donde funciona la sede central.

Por esa investigación, la Fiscalía efectuó un allanamiento a inicios de junio, en donde secuestraron el expediente administrativo del arrendamiento del edificio y ahora solicitarán un examen especial de auditoria a la Contraloría General de Cuentas para que establezca si la contratación cumplió con todos los requisitos legales con la Ley de Contrataciones del Estado.

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El caso más reciente es la supuesta contratación de personal no calificado o inexistente.

Pantaleón sostiene también que nació de una denuncia presentada en abril pasado, por medio de la cual se conoció que las autoridades del Instituto de la Víctima habrían contratado de forma anómala a 109 personas por medio de una convocatoria que promovió la institución en julio del 2020.

“Lo que se menciona en la denuncia es que estas 109 personas aparentemente no habrían participado en la convocatoria de forma legal, es decir, que no habrían presentado la documentación que establecían las bases de la convocatoria”, dijo Pantaleón.

Añadió que las contrataciones fueron efectuadas por medio de “apadrinamientos” de funcionarios del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo que llevaban su expediente a la institución sin atender los requisitos de la convocatoria. Las plazas vacantes eran para abogados litigantes, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares y los salarios oscilaban entre Q10 mil y Q20 mil.

Durante el allanamiento ejecutado el pasado jueves, la Fiscalía secuestró 99 expedientes, debido a que 10 no fueron localizados porque aparentemente nunca han trabajado esas personas en la institución.

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La institución, por medio de un comunicado, informó que es respetuosas de la función del MP, por lo que se giraron instrucciones de colaborar con cualquier información o diligencia necesaria para esclarecer los hechos.

Capacidades limitadas

Rodolfo Díaz, director de Asistencia Legal del Instituto de la Víctima, explicó que en total el IDPP les trasladó mil 777 expedientes de casos penales en diferentes instancias, 804 de Guatemala y 973 de Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, Quiché, Alta y Baja Verapaz, Jutiapa y Petén.

“A todos —los casos trasladados por el IDPP— se les ha dado acompañamiento. Un proceso penal puede cerrarse en aproximadamente tres o cinco años, porque se inicia con denuncia y termina con casación o algunos en amparo. A cada uno se les ha dado en seguimiento”, afirma.

Añade que muchos de estos casos ya fueron cerrados, otros continúan porque dependen de la etapa procesal en la que fueron trasladados. Además, la institución ha recibido al menos cinco mil casos en donde da acompañamiento, tomando en cuenta los que entregó la defensa pública penal.

“Estamos apoyando un buen grupo de casos de violencia sexual y violencia contra la mujer, negación de asistencia económica, muertes violentas de hombres, mujeres y niños, lesiones leves, homicidios culposos, discriminación en contra de la población LGTBI, nuestra prioridad es darles atención a todas las víctimas”, afirma.

La institución brinda atención en la sede del Modelo de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de la Violencia Ix´kem, (Maimi) ubicado en zona 7, en el Modelo de Atención Integral de la Niñez y Adolescencia (Maina) en zona 2, en el Juzgado de Femicidio en zona 10, en la sede del Ministerio Público en Gerona y en la zona 3 de Quetzaltenango. Diaz afirma que para este año planifican expandirse a otros departamentos para que tengan mayor cobertura.