Las devoluciones de crédito fiscal aumentaron a Q1,778.25 millones en el 2014 —Q35.1 millones más que en el 2013— y se incrementaron Q242.31 millones más en el 2015, cuando estas llegaron a Q2,020. 56 millones, según los registros fiscales.
Forma de operar
“Las empresas, en su mayoría exportadoras, compraron facturas falsas para justificar la adquisición de bienes que sirvieron para acreditar la devolución del crédito fiscal que les correspondía”, detalló Alexis Calderón, abogado del colaborador eficaz del MP Juan Carlos Monzón —en esa época secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti—, quien estuvo presente en las citaciones en las que su cliente aportó información sobre el caso a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
A las empresas les interesaba reportar mayores compras, para obtener más devolución del impuesto al valor agregado (IVA), indicó.
Créditos inflados
El funcionamiento de esa red era posible gracias a un intrincado engranaje legal y de auditoría, según las pesquisas.
“En la SAT no cuadraban los montos de defraudación entre la fiscalización hecha y el departamento jurídico a cargo de —Alfonso Romeo— Castillo”, confió una fuente, quien pidió no ser citada.
“En otros casos había supuestas equivocaciones en los montos, se dejaban vencer los plazos o había vicios en la parte legal. Finalmente, terminaban por declarar el proceso como no válido”, agregó.
Los denominados “créditos viciados” fueron tramitados con facturas falsas, en los que los montos de devolución “estaban inflados”, refirió.
Durante las administraciones de los superintendentes Carlos Muñoz y Omar Franco se habrían ordenado unos cien despidos de mandos altos y medios, y los nuevos facilitaron la llegada de personal involucrado en el caso La Línea, refirió otra fuente.
La red
Las detenciones y procesos que comenzaron después de los allanamientos contra Aceros de Guatemala y otros casos relacionados arrojaron datos sobre los mecanismos fraudulentos para obtener la devolución de crédito fiscal, explicó Adrián Zapata, intendente jurídico de la SAT.
Las escuchas telefónicas del caso Aceros, contenidas en el expediente, revelaron que operadores externos a la SAT prestaron sus servicios a empresas relacionadas con el negocio del azúcar, hule, aceite, cardamomo y café, entre otros productos.
Esas comunicaciones determinaron que Geovanny Marroquín —sindicado en el caso La Línea— era uno de los intermediarios entre la SAT y esas empresas para obtener devoluciones de crédito fiscal.
La Fiscalía de Delitos Económicos calcula que la comisión cobrada por Marroquín variaba del 12 al 15 por ciento sobre el monto de la devolución obtenida.
Muchas veces los proveedores eran ficticios, comentó Zapata.
Comerciantes como Norman Tejeda —condenado en agosto del 2013 por defraudación tributaria a seis años de prisión y al pago de una multa de más de Q90 millones— y otras empresas de cartón vendían las facturas a los exportadores, indicó Zapata, quien agregó que “operadores” como Marroquín fueron fundamentales para el funcionamiento de la red.
El fiscal del caso Aceros, Andrei González, quien hasta hace unos meses tenía la misma teoría que Zapata, respondió hace poco más de una semana que “el papel de Marroquín no era tan trascendental” como la Fiscalía teorizó al comienzo de la investigación.
Auditorías a favor
En la negociación entre funcionarios y beneficiarios de los referidos mecanismos fraudulentos, la red verificaba que las auditorías de las empresas estuvieran a su favor, se indicó.
“La red se encargaba de que las auditorías certificaran que la adquisición de las facturas estaba bien hecha. En muchos casos ya se había efectuado una auditoría previa en la cual se alertaba que el proveedor no se localizaba, y esto generaba una denuncia. Era en esa fase cuando el informe de auditoría se cambiaba y en automático se procedía a la defraudación”, explicó Zapata.
Las pesquisas descubrieron vínculos entre proveedores, contadores y exportadores.
“Se han allanado oficinas con sellos y documentos de proveedores que sirvieron a grupos de exportadores”, indicó.
Una vez revisada y autorizada la solicitud de devolución de crédito fiscal, seguía el trámite actual, en el que se informa al Ministerio de Finanzas para que la Tesorería Nacional pague, por medio del Banco de Guatemala.
Así se completaba la ruta en que “más de 180 empresas” obtuvieron créditos fiscales de forma ilegal, “probablemente” las mencionadas por Monzón, indicó Zapata.
¿Cómo operaban?
- El MP y la SAT detectaron empresas exportadoras que falsificaron facturas por compras.
- El objetivo era reportar mayores compras para que les devolvieran el IVA.
- La simulación consistía en alterar conceptos de las facturas.
- La SAT conocía de facturas falsas, pero había contubernio entre los empresarios y funcionarios.
Industriales se pronuncian
El director de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, pidió investigaciones concretas y que no se “mediaticen” los casos en los que empresarios están señalados.
“Siempre hemos sido de la opinión de que antes de hacer denuncias se presenten pruebas científicas, cómo hasta ahora se ha hecho”, opinó Zepeda.
“Si hay una evidencia, que se siga el debido proceso. Hay que tener en cuenta que algunas veces se trata de ejecutivos de algunas empresas y que sus actuaciones no han llegado a ser conocidas por las juntas directivas”, agregó.
Zepeda insistió en que es importante que no se hagan condenas mediáticas de los procesos judiciales.
“Muchas veces, en los medios, se sentencia al empresario solamente porque existe una denuncia”, agregó.
“Somos respetuosos del debido proceso”, aseveró.
Aceros de Guatemala, ocho meses después
La jueza novena Penal, Silvia Coralia Morales Ascencio, es la segunda que rechaza conocer el caso de Aceros de Guatemala.
Morales Ascencio, en su resolución del 30 de septiembre pasado, afirmó que “se excusa de seguir conociendo por haberse dudado de la imparcialidad de la juzgadora”.
El caso Aceros ha sido supervisado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la jueza fue incluida en el informe Jueces de la impunidad, publicado en el 2012 por Francisco Dall’Anese, entonces jefe de esa comisión. El 29 de marzo último, Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, se inhibió de conocer el proceso.
Carecer de juez contralor ha impedido hacer diligencias para las que se requiere autorización judicial, según el fiscal del caso, Andrei González.
En contra de ese proceso han sido presentados seis amparos —dos en contra de González y uno contra la Unidad de Métodos Especiales de Investigación del Ministerio Público— “por negar información que garantice la legítima defensa”, indicó el abogado David Pineda.
Al preguntarle a González si se reunió con el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, lo negó.
Pesquisa en curso
Se supo que la Fiscalía de Delitos Económicos tiene una investigación en curso contra seis empresas, por cobro ilegal de créditos fiscales.
