Todo ocurrió en una audiencia de solicitud de medidas sustitutivas.

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Los sindicados en el Caso TCQ, un usufructo oneroso en la Portuaria Quetzal, solicitaron, a través de sus abogados la revisión de medidas de coerción. Los argumentos se centraron a la supuesta variación del proceso.

La Fiscalía se opuso con el argumento de que jamás se explicó bajo qué circunstancias se varió el proceso.

“Lamentablemente la situación primitiva del caso no ha variado. El proceso ha estado más en la sala de Apelaciones que en la judicatura. Han sido decisiones y actuaciones por declinatoria y recusaciones”, mencionó el juez Gálvez para rechazar la petición de los tres sindicados y mantenerlos en prisión.

#CasoTCQ | Defensor de Julio Rolando Sandoval Cano le recrimina al juez Miguel Gálvez "no vuelvo a compartir una sala con su persona". pic.twitter.com/fQ1M4erEHF

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 7, 2019

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Al ver frustrado el objetivo de excarcelar a su cliente Julio Rolando Sandoval Cano, quien deberá continuar en prisión, el abogado Víctor Pérez le lanzó una recriminación al juez.

“Hoy en esta sala de audiencias entiendo que usted tiene una enemistad conmigo”, le dijo.

“No vuelvo a compartir una sala con su persona”, le reprochó.

Después le dijo: “No podemos volver a compartir una sala de audiencias porque usted castiga a unas personas como que fueran animales”.

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El juez Gálvez dejó que finalizara de intervenir el abogado Pérez y después le respondió: “Fíjese, licenciado, que yo hice referencia cuando hablé del plazo razonable a las diversas actuaciones del caso… yo no estoy valorando medios de investigación”.

El caso

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció que de enero del 2012 y hasta abril del 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

Dicha asociación entre los sindicados tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del cual la organización obtuvo beneficios y dirigió acciones para ocultar y blanquear las millonarias sumas de dinero producto de los sobornos.

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