Pansieri indicó que a pesar de que la declacarión legislativa carece de efecto legal, le preocupa que afecte “el principio de independencia e imparcialidad judicial (…), que constituye el pilar de un Estado democrático”.
En la resolución los diputados instan a la reconciliación y la paz tras casi dos décadas del fin de la guerra, pero incluyeron una sección en la que sostienen que es “jurídicamente inviable” sostener que se cometiera “un genocidio durante el enfrentamiento armado”.
La declaración fue presentada por un diputado afín a Ríos Montt, de 87 años, acusado de haber impulsado el exterminio del pueblo maya-ixil durante su régimen de facto (1982-1983) , al considerarlo una importante base de apoyo a la guerrilla guatemalteca en el norte del país durante el conflicto.
Ríos Montt enfrentará un nuevo juicio por genocidio el 5 de enero de 2015, luego de que la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, anulara por errores procesales una sentencia de 80 años de prisión emitida en mayo de 2013 contra el militar retirado.
“La reconciliación no debe concebirse como una alternativa a la justicia. No se puede construir la paz y el desarrollo en el país con base en la impunidad”, agregó Pansieri.
Durante su gira por Guatemala, la comisionada visitó a mujeres indígenas en el noreste del país, quienes iniciaron una demanda penal contra varios militares por casos de esclavitud y violencia sexual durante la guerra civil que, según la ONU, dejó unos 200 mil muertos o desaparecidos.
Pansieri reiteró el llamado a las autoridades guatemaltecas a fortalecer la lucha contra la impunidad y a crear un mecanismo para proteger a los defensores de los derechos humanos, entre otras recomendaciones.
