La audiencia de etapa intermedia de Luis Rodrigo Arenas Echeverría y José Andrés Botrán Briz fue reprogramada para el próximo 8 de marzo. En la judicatura informaron que la audiencia se aplazó debido a la excusa enviada por la Cicig.

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La audiencia había sido programada hoy aunque la excusa de la Cicig llegó al juzgado el 4 de febrero pasado.

Los argumentos para ausentarse a la audiencia no fueron informados, aunque una fuente judicial dijo que se centran en la decisión del presidente Jimmy Morales de suspender el ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 7 de enero pasado.

Arenas Echeverría y Botrán Briz fueron notificados acerca de la reprogramación de la audiencia para el 8 de marzo próximo.

El abogado de Rodrigo Arenas, José Toledo, informó vía telefónica que la excusa de la Cicig que aceptó el Juzgado afecta directamente a su cliente, debido a que sigue procesado. Además, cada 15 días debe comparecer al Ministerio Público a marcar su huella dactilar y no puede ejercer sus derechos como ciudadano.

El caso

El 23 de noviembre pasado la Fiscalía de Delitos Electorales presentó una nueva acusación en contra de Arenas y Botrán por el delito de financiamiento electoral no registrado, por supuestamente haber entregado en 2015 dinero al partido FCN-Nación sin que se reportara al Tribunal Supremo Electoral.

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Arenas y Botrán fueron procesados por Aifán por el delito financiamiento electoral ilícito el 6 de junio pasado, aunque los diputados realizaron reformas al Código Procesal Penal y agregaron el artículo 407 O, que explica el financiamiento electoral no registrado, por lo que se modificó el delito.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó a la presidencia a Morales, de forma anónima.

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La investigación determinó dirigentes de FCN-Nación establecieron un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Novaservicios, S. A. El aporte anónimo fue de Q7 millones, 119 mil 300, el cual no fue reportado al TSE, como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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