Fiscalía pide juicio contra Rodrigo Arenas y Andrés Botrán por financiamiento no registrado

La Fiscalía de Delitos Electorales presentó una nueva acusación este viernes en contra de los empresarios Rodrigo Arenas y Andrés Botrán por el delito de financiamiento electoral no registrado, por supuestamente haber entregado en 2015 dinero al partido FCN-Nación sin que se reportara al Tribunal Supremo Electoral. 

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Rodrigo Arenas (izquierda) junto con su abogado José Toledo durante una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Rodrigo Arenas (izquierda) junto con su abogado José Toledo durante una audiencia en el Juzgado de Mayor Riesgo D. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La defensa de uno de los sindicados adelantó a Prensa Libre que solicitará la inaplicabilidad del delito por retroactividad de la ley en la próxima audiencia, esto porque el delito de financiamiento electoral no registrado no existía cuando se supone que se cometieron los hechos.

Mientras Óscar Shaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), planteó una nueva acusación en contra de Luis Rodrigo Arenas Echeverría y José Andrés Botrán Briz, la defensa ya prepara la próxima acción para que el caso sea cerrado en definitiva.

“Hoy se presentó la acusación. Se cumplió con el plazo fijado por la judicatura y a las 14.52 horas fue entregado un memorial con la nueva acusación, esta vez fue por financiamiento electoral no registrado, de acuerdo con la reforma vigente”, informó vía telefónica el fiscal Shaad.

La jueza de alto impacto, Erika Aifán, había emplazado al ente investigador para que planteara una nueva acusación. El plazo de tres días para hacerlo finalizaba este viernes a las 15 horas.

El fiscal Shaad añadió que espera que la juzgadora notifique a las demás partes involucradas en el proceso y fije una fecha para discutir el memorial. Los detalles junto con los indicios se conocerán hasta el próximo mes.

Procesados

Arenas y Botrán habían fueron procesados por Aifán por el delito financiamiento electoral ilícito el 6 de junio pasado, aunque los diputados realizaron reformas al Código Procesal Penal y agregaron el artículo 407 O, que explica el financiamiento electoral no registrado.

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Uno de los sindicados, Rodrigo Arenas, conversó con Prensa Libre y mencionó que “le llamaba la atención” la nueva acusación.

“Me están acusando a mí por un delito que no existía en 2015. Vamos a ver cómo se justifica la retroactividad del delito, porque no lo logro comprender, y cómo es que demuestran que di dinero, porque ellos tienen pruebas y están claros que en ningún momento aporté dinero”, mencionó Arenas.

Estrategia de la defensa

El abogado de Rodrigo Arenas, José Toledo, adelantó que la estrategia de defensa se centrará en plantear la inaplicabilidad del delito por retroactividad de ley. La acción será una excepción durante la próxima audiencia.


“Sera la inaplicabilidad del delito de financiamiento electoral no registrado porque es un delito que comenzó a regir la primera semana de noviembre de este año, es decir, no existía. El Código Penal y la Constitución son claros al establecer que nadie puede ser perseguido sino por hechos que estuvieran regulados antes de los hechos, no por normas promulgadas después, y no se aplica”, mencionó Toledo.

Botán Briz fue consultado vía telefónica y explicó que esperarán hasta ser notificados oficialmente por la judicatura para revisar el memorial y preparar la defensa.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, de forma anónima. Arenas y Botrán fueron ligados a proceso penal por financiamiento electoral ilícito.

La investigación determinó dirigentes de FCN-Nación establecieron un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales a través de la empresa Novaservicios, S. A. El aporte anónimo fue de Q7 millones, 119 mil 300, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Sin embargo, en el Congreso se aprobó separar el delito de financiamiento electoral ilícito y crear como nuevo el delito de financiamiento electoral no registrado. La diferencia de fondo es la procedencia de los recursos aportados.

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