Aldana está exiliada en EE. UU. desde 2018 y ya suma tres órdenes de aprehensión por tres distintos casos.
La primera es por la contratación de una supuesta plaza fantasma, la segunda por la compra del edificio para el MP y por supuestamente haber colocado datos falsos en su declaración patrimonial jurada.
Se informó que la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del MP este jueves hizo la solicitud de extradición de Aldana por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y fraude.
Dicha solicitud forma parte del proceso que se sigue contra Aldana por el caso Edificio de la zona 5, el cual está a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).
Rafel Curruchiche, jefe de la Feci, explicó que el procedimiento debe seguir su curso en Guatemala, para luego llegar a las instancias legales de EE. UU., donde Aldana se encuentra en condición de exiliada.
Curruchiche dijo que el trámite debe pasar a la secretaría de la Corte Suprema de Justicia, luego al Ministerio de Relaciones Exteriores y posteriormente a Estados Unidos.
Con esta resolución, Aldana, exiliada en EE. UU. desde 2018, suma dos órdenes de extradición autorizadas por la justicia guatemalteca. La primera fue el 24 de noviembre de 2022, en seguimiento a un caso que investiga la Fiscalía de Delitos Administrativos y que está relacionada con la contratación, supuestamente irregular, de Gustavo Bonilla, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), como capacitador en el MP, sin que, según la Fiscalía, se presentara a trabajar.
Por el caso sobre la compra del Edificio Gerencial Asunción, valorado en Q35 millones, Aldana fue señala por fraude.
El caso surgió luego de una denuncia que presentó Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo, y una comisión específica del Congreso que se integró para fiscalizar la adquisición.
elma Aldana está exiliada en Estados Unidos desde 2018 y suma tres órdenes de aprehensión. Tanto organizaciones nacionales e internacionales, como la misma exfiscal, aseguran que su persecución penal es política, derivada de su trabajo anticorrupción cuando lideró el MP como jefa.