Juzgado de mayor riesgo paraliza labores por ausencia de empleados y jueza denuncia complot

El Juzgado de Mayor Riesgo D suspendió las audiencias programadas para este 7 de octubre debido a que cinco trabajadores no llegaron a laborar por causas desconocidas.

Jueza Erika Aifán. (Foto Prensa Libre: Edwin Pitán).
Jueza Erika Aifán. (Foto Prensa Libre: Edwin Pitán).

“Veo la situación bastante articulada y no solo con la participación de los oficiales sino de otros funcionarios del Organismo Judicial”, deunció la jueza Erika Aifán.

Entre los empleados ausentes están Tatiana Elizabeth Guzmán, oficial, y Luis Pedro Hernández, notificador. La juzgadora anunció que pedirá la destitución de ambos de la judicatura a su cargo.

Los incidentes en este juzgado comenzaron el pasado fin de semana cuando Aifán denunció a Guzmán por supuestamente extraer información de casos penales y grabarla con su celular en su despacho.

Sin embargo, la trabajadora quedó libre por falta de mérito.

Inicialmente la empleada había reportada como desaparecida, pero luego se conoció que estaba detenida en la carceleta de la Torre de Tribunales.

Este 7 de octubre Aifán dio una conferencia de prensa en la que señaló que personal del Juzgado de Mayor Riesgo D “al parecer realiza trabajos para otros abogados, lo cual está prohibido”.

La jueza argumentó que los señalamientos de maltrato que hizo personal del juzgado no son ciertos. “No es así, nunca los he maltratado, solo he girado instrucciones”, afirmó.

“Hay riesgo de la seguridad informática”, dijo Aifán respecto al sistema donde se guarda la información de los casos que conoce el juzgado.

Guzmán ha sido respaldad por el Sindicato de Trabajadores del OJ, argumentando que la oficial ha sido víctima y se han vulnerado sus derechos laborales por la jueza.

Según Aifán, en la judicatura Hernández y Guzmán cometieron irregularidades que fueron expuestas a supervisión y al Régimen Disciplinario del Organismo Judicial (OJ).

El 25 de junio pasado la juzgadora denunció ante el Ministerio Público (MP), el Régimen Disciplinario del OJ y la Cámara Penal por supuestamente haber descubierto que Hernández enviaba vía WhatsApp imágenes de algunas resoluciones a celulares de abogados antes de que fueran notificadas oficialmente.

En el Régimen Disciplinario del OJ desestimó la denuncia en contra de Hernández.

“Violentados”

En un canal de televisión por cable Hernández denunció públicamente malos tratos por la jueza y expuso que no le autorizaba permisos.

Hernández señaló que Aifán no le otorgó “licencia” cuando nació su hijo y tampoco permitió que acudiera durante tres meses al Registro Nacional de las Personas a efectuar el trámite de reconocimiento.

“Estamos siendo violentados todos, no solo mi compañera -Guzmán- y yo, se dieron cuenta que lo que la señora juez dice son mentiras y habla falsedades, dice mentiras.  Si hay algo que a ella no le parece amenaza con presentar denunciar o presentar una queja”, denunció Hernández.

En la entrevista televisiva Guzmán criticó: “Uno tiene miedo porque si no está como a ella le gusta -a Aifán- entonces amenaza con la denuncia”:

Loida Lux, comisario, relató que “no es la primera vez” que Aifán es rígida con el personal de la judicatura, “hay muchas personas previo a esos puestos que fueron víctimas” y aseguró ser testigo de cómo la jueza dio mal trato a Hernández y Guzmán.

“No estamos de acuerdo con esa situación, nosotros tratamos de ayudarla -a la jueza-. Nosotros vamos a exigir medidas de seguridad porque nos estamos enfrentando a una persona que tiene poder“, aseguró Lux.

Complot

“Me preocupa un poco y es donde veo la unidad de hechos. La información que se filtró por el notificador -Hernández- había información del caso Fénix, luego la oficial -Guzmán- con retraso para enviar la comparecencia provocó la suspensión de la audiencia, luego vuelve a provocar la suspensión de la audiencia porque se va al Igss y no deja el expediente. Además, me reportó que se ha perdido una pieza -expediente 39-, recuerden que en el caso Fénix se perdió una pieza en el juzgado de su procedencia”, expuso Aifán.

En este caso no solo en el Juzgado de Mayor Riesgo D hay sospechas de irregularidades, el Ministerio Público (MP) también denunció extravío de expedientes por un fiscal.

El 29 de mayo pasado fue detenido Jeowan Stuardo Vásquez Cervantes quien laboraba en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP y fue señalado de haber recibido tres piezas originales del caso Fénix, de las cuales entregó a un juzgado solo una y las otras dos en copias, pese a que desde hacía meses ya no era fiscal a cargo y las conservó a pesar de que había sido trasladado a otra fiscalía.

En otro hecho, agrega la pesquisa, Vásquez Cervantes acudió a una audiencia judicial de cuyo expediente no estaba asignado, ni siquiera pertenecía a la fiscalía asignada para ese caso. “En esta accedió a la devolución de unos documentos originales sin tener legitimación para hacerlo”, informó el MP el 29 de mayo pasado.

Vásquez Cervantes fue ligado a proceso por obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad.

La jueza Érica Aifán ha tenido a su cargo varios casos de alto impacto, entre ellos: Construcción y Corrupción fase 1 y 2, Odebrecht, Los Huista, Caja de Pandora, caso Mesoamérica (tráfico de migrantes) y el reciente caso de financiamiento electoral ilícito al Partido Unionista en la Municipalidad de Guatemala.

Caso Fénix

El caso Fénix fue reabierto por la Feci el 12 de abril pasado con la captura de 10 implicados, entre ellos Sergio Alfredo Herrera Acevedo hijo del operado político Gustavo Herrera Castillo.

Este caso es la continuación del desfalco por Q350 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2003, donde particulares y empresas utilizaron sociedades anónimas, limitadas y offshore para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Ahora son señalados por lavado de dinero Gustavo Herrera, cerebro del desfalco asilado en Nicaragua, y 31 personas, de las cuales 12 están en prisión preventiva, otras 12 citadas a audiencia de primera declaración y cinco prófugos.

La investigación conjunta entre la Feci y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluyó en que personas individuales y representantes de 20 firmas comerciales, que supuestamente conformaron una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas para lavar dinero obtenido de manera ilícita.

Las empresas de esta red, según las primeras pesquisas, son sociedades anónimas y limitadas, así como compañías offshore (fuera de plaza) y estarían vinculadas con Herrera Castillo, conocido no solo por su mediación para influir en la elección de magistrados de las cortes, sino también porque fue uno de los sindicados del desfalco de Q350 millones contra el Seguro Social, entre 2002 y 2004, caso por el que fue acusado y perseguido, pero nunca capturado.

Las investigaciones por ese caso fueron reabiertas, ahora por lavado de dinero. Herrera Castillo se encuentra asilado en Nicaragua desde agosto del 2018, donde aseguró ser víctima de persecusión política por parte de la Cicig, por lo cual la orden de captura en su contra es internacional.

Los fondos que se habrían lavado fueron sustraídos de un fideicomiso llamado de Protección y Desarrollo Social, que se había formalizado entre el IGSS, el Grupo Empresarial Univserv, S.A. y Banco Uno S.A.

El MP sindicó a Herrera Castillo de ser el propietario de dos financieras offshore —fuera de plaza—, Helensburg Inc. y Escabel Management Group Ltd., que habría utilizado para la estafa al Seguro Social.

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