Justicia
La CC rechaza recurso de fiscal general y asegura que no procede destitución de funcionarios
La Corte también negó una petición del presidente Bernardo Arévalo que buscaba revocar un amparo provisional que protege a la titular del MP.
Uno de los magistrados titulares de la CC consideraba necesarios emitir recomendaciones. Fotografía: Prensa Libre.
La Corte de Constitucionalidad (CC) descartó la destitución de cuatro funcionarios del Organismo Ejecutivo como lo solicitó la fiscal general María Consuelo Porras. El máximo ente en materia constitucional rechazó, de manera unánime, un recurso de la jefa del Ministerio Público (MP).
Porras acudió a la CC en busca de la remoción de Jonathan Menkos, ministro de Finanzas; Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la presidencial; Santiago Palomo, secretario de comunicación social; y Julio Saavedra, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
En el documento la fiscal general expone sentirse atacada por declaraciones y acciones que han tomado los funcionarios de la presidencia en su contra, por lo que solicitó a la CC la destitución de los funcionarios, que, a su consideración, buscan interferir y controlar el MP.
La petición de Porras se respalda en declaraciones y opiniones de los funcionarios en medios de comunicación, denuncias y peticiones de antejuicio en su contra, acciones de amparo contra decisiones del ente investigador y la exclusión del MP en una solicitud de ampliación presupuestaria.
La resolución señala que las publicaciones en medios de comunicación y redes sociales no forman parte de una “inejecución de lo ordenado”, es decir, una desobediencia a una resolución.
Mientras que los funcionarios aludidos se defendieron con una serie de informes, en donde explicaron que sus comentarios y opiniones, difundidas en medios de comunicación y redes sociales, son acciones que respalda la libertad de expresión.
La CC también resolvió que la presentación de denuncias, antejuicios o acciones de amparo no pueden ser considerados ataques.
“La prerrogativa de antejuicio no implica que el funcionario que, por virtud de la Constitución, goce de tal inmunidad, no pueda ser sujeto de una denuncia que conlleve en el inicio de un proceso de antejuicio”, mientras que en el caso de los amparos justifican diciendo que es un derecho para el que accede a esa herramienta y que es una acción legal viable “contra cualquier autoridad”.
La protección que buscó la fiscal general para evitar una destitución ilegal se mantiene. Asegurando que el no estar incluido el MP en una ampliación presupuestaria “no es un incumplimiento” al amparo provisiona.
En la misma resolución la Corte rechazó la petición del presidente Bernardo Arévalo contra la fiscal general. El mandatario buscaba anular el amparo provisional que continúa resguardando el periodo constitucional por el que María Consuelo Porras fue nombrada al frente del MP.
La resolución unánime fue firmada por los magistrados titulares Nester Vásquez, Leyla Lemus, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto; junto al suplente Luis Rosales que sustituyó a la magistrada titular Dina Ochoa quien no integró la sesión.
Los riesgos
La resolución unánime de la debida ejecutoria solicitada por la fiscal general tuvo una discusión amplia dentro del pleno de la CC. Para ello, fueron necesarias cuatro sesiones plenarias para que la acción fuera resuelta.
Pero, aunque la decisión fue unánime, el magistrado titular Roberto Molina Barreto consideró prudente, que en la resolución la CC emitiera una serie de recomendaciones, tanto para la fiscal general María Consuelo Porras como para el presidente Bernardo Arévalo, debido a que sus actos pueden poner en riesgo el sistema de gobierno.
En el voto razonado del magistrado Molina Barreto profundizó en que además de los informes presentados por los involucrados, queda en evidencia un “enfrentamiento público de gran importancia para el país”.
La @CC_Guatemala también rechazó la petición del presidente @BArevalodeLeon que buscaba anular el amparo provisional a favor de la Fiscal General. El razonamiento del magistrado Roberto Molina Barreto buscaba orientar, tanto a la jefa del MP como al Presidente. @prensa_libre pic.twitter.com/ob193R7iYR
— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) September 12, 2024
Siendo estos el MP, como solicitante de un primer amparo y la debida ejecutoria de este; y el Organismo Ejecutivo, como autoridad denunciada en las acciones de Consuelo Porras.
El magistrado expone que es evidente, tanto para la CC como para la población, la diferencia que existe en las dos intuiciones pública. “Pues las han ventilado de manera mediática, lo que, sin duda, provoca graves percepciones de irrespeto a la institucionalidad de los cargos que ostentan y que se traduce también a un ambiente de inseguridad institucional”.
Esta diferencia publica entre los dos, a consideración del magistrado, tiene consecuencias importantes y significativas al hablar del bien común, la paz social y la certeza jurídica.
“Esto trasciende a nivel constitucional porque, a corto plazo, puede devenir en inestabilidad para los dos entes estatales, lo que esta Corte debe de evitar de manera preventiva y oportuna, pues se podría perjudicar el orden constitucional”.
El magistrado recomendó a los funcionarios nacionales, especialmente a los involucrados afectados en el conflicto, utilizar con mesura su libertad de expresión, ya que sus opiniones o declaraciones pueden desencadenar en la opinión pública.
También aconsejó a ambas, al momento de hacer comunicaciones en los canales oficiales de cada dependencia, ser conscientes con las responsabilidades que ambos tienen en el cargo. Esto para no afectar la confianza pública en las instituciones que representan, dígase el MP y la Presidencia de Guatemala.
“Prevenirles que el ejercicio del derecho de libertad de pensamiento no autoriza afectar la dignidad de otro funcionario ni publicar información manipulada”, ya que los funcionarios tienen el deber de proceder con estándares de certeza y veracidad.
El magistrado expuso que la CC no debe de involucrarse en conflictos políticos, pero en el escenario actual, era aconsejable emitir, en la resolución, una recomendación para los actores de gobierno involucrados.
“Manifiesto la existencia de un conflicto con dos actores que, con sus actos, pudieran poner en grave riesgo el sistema Republicano y Democrático de gobierno”, se lee en el razonamiento de su voto.
La fiscal general y el presidente han estado enfrentados en un intercambio de declaraciones oficiales públicas, que han ido escalando con la presentación de antejuicios y amparos que escalaron hasta la CC.
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