Justicia

La Corte de Constitucionalidad evalúa la compra de 50 armas de fuego para su equipo de seguridad

La Corte de Constitucionalidad (CC), bajo la presidencia de Dina Ochoa, evalúa la compra de 50 pistolas, 9 milímetros, según consta en el portal Guatecompras.

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Fachada del edificio de la Corte de Constitucionalidad en la 11a avenida y 9a calle, zona 1 de Ciudad de Guatemala, La CC analiza la compra de 50 armas de fuego tipo pistola. Un oferente las cotizó en Q375 mil. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Fachada del edificio de la Corte de Constitucionalidad en la 11a avenida y 9a calle, zona 1 de Ciudad de Guatemala, La CC analiza la compra de 50 armas de fuego tipo pistola. Un oferente las cotizó en Q375 mil. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Corte de Constitucionalidad (CC), bajo la presidencia de Dina Ochoa, evalúa la compra de 50 armas de fuego tipo pistola, 9 milímetros, según consta en el portal Guatecompras.

El pasado 16 de marzo la CC, luego de un análisis del Departamento de Seguridad, hizo pública la intención de adquirir las 50 pistolas para dotar a los elementos de seguridad de ese máximo tribunal. Lo colgó en el portal de compras del Estado.

En las observaciones y justificaciones de la orden de compra se lee que es “necesaria la adquisición de armas tipo pistola (arma corta) calibre 9 milímetros, para la Corte de Constitucionalidad, debido a que el personal del departamento de seguridad de esta Corte no cuenta con el mismo para brindar el servicio de protección”.

El cierre de la recepción de ofertas fue el 10 de abril pasado. Solo una empresa ofreció dotar a la seguridad de la CC con las 50 armas de fuego. Se trata del almacén El Bisonte, S.A., que según sus registro tiene su sede en la 18 calle, 2-21, zona 10, centro comercial Próceres, local 321.

Los representantes legales de la empresa son Melanie Marie Polasek Franco, René André Polasek Franco y René Polasek Mejía.

Este proveedor, que le ha vendido armas y municiones, especialmente, a otras entidades como el Ministerio de la Defensa, Ministerio Público, las municipalidad de Mixco y Villa Nueva y el Ministerio de Gobernación, entre otros, cotizó la venta en Q375 mil.

El costo unitario de cada pistola es de Q7 mil 500. Las especificaciones técnicas que solicitó el departamento de compras a los oferentes son las siguientes:

  1. Calibre: 9×19 mm (9 mm Parabellum)
  2. Sistema de Disparo: Aguja Lanzada
  3. Bloqueo de Percutor por Seguro Interno 4. Largo Total: 185 a 190 milímetros
  4. Alto Total: 130 a 135 milímetros 6. Ancho: 31 a 34 milímetros
  5. Miras Fijas de Metal de Tres Puntos Nocturnas
  6. Distancia entre Miras: 155 milímetros mínimo
  7. Color Negro
  8. Largo de Cañón: 100 a 105 milímetros
  9. Cañón con Acabado Altamente Resistente
  10. Armazón o Marco: Polímero reforzado con Fibra de Vidrio Color Negro 13. Empuñadura con Lomos Desmontable para ajuste de 3 Medidas: S (Pequeñ M (Mediano)-L (Grande)
  11. Riel Picatinny (M1913) en el Armazón para sujeción de accesorios 15. Corredera: Sistema Cerrado de Material con Acabado Altamente Resistente
  12. Ranuras en cuatro áreas para montar la Corredera con comodidad
  13. Retén de Desmontaje de Placa o Traba de Deslizamiento (No de Palanca) 18. Retén de Corredera Plano Ambidiestro
  14. Retén de Cargador de opción ambidiestra
  15. Peso Máximo con Cargador: 750 gramos
  16. Capacidad de Cargador: 15 Tiros mínimo
  17. Cantidad de Cargadores: 2 Cargadores 23. Máximo de Piezas incluyendo Cargador: 50 piezas
  18. Número Correlativo de Registro en la Corredera, Cañón y Armazón
  19. Certificados de Calidad
  20. Caja de transportación
  21. Kit de Limpieza
  22. Manuales del arma de fuego
  23. El oferente debe realizar trámites de registro y tenencias a favor de la C.C.

Consultada al respecto la la Unidad de Comunicación Estratégica de la CC reveló que la adquisición aún está en evaluación. Agregaron que el proceso de compra “se hace de conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2022-2027, en donde el Objetivo Estratégico 1, establece que la Corte de Constitucionalidad debe promover la mejora continua de los procesos de gestión y control del trabajo jurisdiccional para una justicia constitucional eficiente”.

Por esa razón, dijeron, la Corte se encuentra fortaleciendo el Departamento de Seguridad y para lo cual se inició el proceso de cotización para la adquisición de equipo para el personal de seguridad”.

Justificaron que “aún no se ha adjudicado el proceso, la Corte se encuentra realizando el proceso transparente de acuerdo con la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. Hay un oferente pero no está adjudicado”.

En relación a los agentes que recibirán arma de fuego, la Unidad indicó que es todo el personal de seguridad, aunque no precisó la cantidad de elementos que hay en la institución.

La decisión de comprar las pistolas la justifican en el Plan Estratégico de esta magistratura.

“No hemos tenido ninguna situación de inseguridad, no obstante es parte de la política de seguridad preventiva que se encuentra fortaleciendo la Corte de acuerdo al Plan Estratégico 2022-2027 y porque el personal no contaba con equipo”, indicaron.

Para Carmen Aída Ibarra del Movimiento ProJusticia, es que cada vez más instituciones se arma con cuerpos de seguridad propias más allá de que la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército han ejercido esa función, avalados por la Constitución y su ley orgánica.

Este de la CC, indica Ibarra, se suma a los que tiene el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Congreso. “Y me parece que expertos en este tema deberían de hacer un análisis profundo de cuán riesgoso es esta proliferación de los cuerpos de seguridad paralelos a Policía y el Ejército”.

Porque además, agrega Ibarra, “hay estructuras de seguridad en municipalidades, policías privadas. Es cierto que hay un problema de seguridad, pero las tendencias de cómo debe actuar el Estado, lo debería de dar el Ministerio de Gobernación, luego de un análisis en el que tendría que intervenir el Consejo Nacional de Seguridad, de lo contrario vamos a estar inundados de gente armada en las instituciones, alcaldías, mercados y comercios”.

“El riesgo será la gobernabilidad y seguridad pública por tanta gente armada”, aseveró Ibarra.

Mientras que el exministro de Gobernación, Carlos Menocal, recordó que es permitido que el equipo de seguridad de alguna institución del Estado adquiera armas y municiones.

“Eso está permitido en ley”, sin embargo, aclaró, “lo que habría que ver es si, además de esas compras, estos funcionarios (los magistrados) tienen garantías constitucionales de seguridad que proporciona la Policía Nacional Civil a personalidades”.

Acá, según Menocal, lo que se debe explicar es para qué van a armar a los guardias, si es para cuidar a los magistrados o es para velar por la seguridad del edificio de la CC.

“No es nada del otro mundo, una vez esté establecido esta parte. Pero sí lo deben de aclarar”, expone Menocal.

Según su experiencia como ministro algunas instituciones como la Corte Suprema de Justicia y la CC, le solicitaron policías nacionales para brindarles seguridad a los magistrados. “Incluso les proporcionamos hasta blindados”, puntualizó.