La resolución de la CC obra en el expediente 4129-2021 y tiene fecha del 7 de febrero de 2022, pero se hizo pública en una publicación de elPeriódico este 13 de julio.
La CC en el documento otorga amparo a los postulantes contra el Renap y los restablece en la situación jurídica afectada.
Además, se ordena al Renap que en el plazo de 5 días, contados a partir de que se encuentre firme el presente fallo asigne un Código Único de Identificación a los integrantes de la familia Bitkov y que se emita a cada uno un nuevo Documento Personal de Identidad Especial de Mayor de Edad Reconocido Bajo el Estatuto de Refugiado.
Se señala que dichos documentos deben tener todas las formalidades propias de los documentos personales de identificación de los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados en el país que estén inscritos en dicho registro, de conformidad con la Ley del Registro Nacional de las Personas, el Reglamento para la Emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) y el Reglamento para la Emisión del Documento Personal de Identidad Especial.
La resolución detalla que, en caso de incumplimiento por parte del Renap, se le impondrá la multa de Q2 mil a los miembros de su Directorio y a cada uno de los funcionarios que resulten responsables, sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales en que pudieran incurrir.
La petición de los Bitkov
En la resolución, a que Prensa Libre también tuvo acceso, se menciona que la CC examinó la sentencia del 19 de mayo de 2021, dictada por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, en la acción de amparo promovida por Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova contra el Renap.
Añade que la familia rusa reclamó la omisión del Renap de resolver tres escritos de fecha 13 de diciembre de 2019, presentados por Igor Bitkov, Irina Bitkova y Anastasia Bitkova -uno por cada accionante- el 17 de diciembre del mismo año, mediante los cuales solicitaron la creación y autorización del Reglamento que ordena los artículos 83 y 84 del Código de Migración y la emisión de documentos de identificación personal provisional para cada uno de ellos.
Denunciaron en esa oportunidad violación a los derechos a la vida, libertad de acción y libertad de locomoción.
La familia señalaba que a la fecha en que promovieron el amparo, la autoridad impugnada -El Renap, aún no ha emitido ningún pronunciamiento, a pesar de los múltiples requerimientos de información sobre el trámite antes relacionado -acto reclamado-.
Según la argumentación del Renap en el proceso, para emitir el DPI se debían de cumplir ciertos requisitos legales contenidos en la ley de la materia así como en la normativa específica, por lo que es necesario analizar el contexto e instituciones que intervenían en el presente asunto.
Resolvió que no era factible emitir el referido documento de forma inmediata y automática, en virtud que el mismo es inexistente dentro de la normativa vigente.
La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, concluyó que existía inobservancia por parte de los amparistas (los Bitkov) al formular su petición para la obtención del DPI.
Que efectivamente los interponentes de las acciones contaban con el reconocimiento del Estatuto de Refugiado otorgado por el Estado de Guatemala, pero que debían efectuar el trámite administrativo de residencia temporal como refugiados, porque el DPI solo se puede entregar a extranjeros que ha cumplido con ese requisito.
Que la alegación de los Bitkov de que la excusa de la falta de reglamento para cumplir con lo ordenado por el Código de Migración, no se pueden emitir los documentos referidos si no se cumplen con los procedimientos administrativos establecidos en la ley de la materia, por lo que su emisión no es de forma inmediata.
Agregaba que los interponentes habían trasladado al ambiente constitucional un asunto administrativo, y que los Bitkov, en sus memoriales, hacían referencia a normas no específicas para la obtención del Documento Personal de Identificación.
El caso Bitkov
Igor Bitkov, su esposa Irina y su hija Anastasia Bitkova llegaron legalmente a Guatemala en 2009 y adquirieron posteriormente documentos supuestamente legales que los acreditaban como originarios de Taxisco, Santa Rosa, los cuales fueron obtenidos a través de una red de falsificación en la entidad migratoria guatemalteca, según una investigación oficial.
Este caso involucraba a los Bitkov y a 40 personas más y fue denominado por las autoridades como Caso Migración.
La familia había enfrentado un primer proceso por los delitos de supresión y alteración del estado civil y uso de documentos falsificados y había tenido una sentencia condenatoria en enero de 2018.
Tres meses más tarde la Corte de Constitucionalidad retrotrajo el proceso a su fase intermedia, previo a conocer si la familia, y una red de 40 presuntos falsificadores, irían a juicio.
El caso de Igor Bitkov fue separado del de su esposa e hija, por lo que el ciudadano ruso fue procesado y condenado en diciembre de 2018 a siete años de prisión por haber falsificado documentos y por los delitos de supresión y alteración de estado civil, de acuerdo a la investigación del Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato concluyó en septiembre de 2020.
La familia ha intentado demostrar su calidad de inmigrante y “víctima” de una mafia dentro del Instituto Nacional de Migración al venir a Guatemala, luego de haber supuestamente, según su versión, tenido que salir de su natal Rusia donde presuntos empresarios allegados al presidente ruso, Vladimir Putin, “usurparon” sus bienes.
Sin embargo, la prensa local ha señalado que la familia poseía en Rusia una empresa papelera valorada en US$700 millones y que, tras haber defraudado a sus accionistas por US$6 millones, se fugaron y llegaron a Guatemala.
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Durante diversas fases del proceso judicial, la familia rusa se ha visto involucrada en señalamientos del propio Gobierno de Guatemala, la ONU (ente que regía a la CICIG) y el senado estadounidense, llegando a conseguir que varios políticos republicanos, como el senador Marco Rubio, sugirieran una posible “conspiración” entre la CICIG y el Kremlin.
La familia rusa también fue apoyada por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020), quien se mostraba conmovido la supuesta persecución en contra de los europeos y solía mencionar el caso como un ejemplo de los presuntos excesos cometidos por la CICIG, entidad que lo acusaba, junto a la Fiscalía guatemalteca, de haber cometido delitos electorales con tal de hacerse del poder en la elección de 2015.
El 20 de julio de 2020 la Sala Segunda de Mayor Riesgo confirmó la sentencia contra 40 acusados en el Caso Migración, entre las que destacan las condenas de las ciudadanas rusas Irina y Anastasia Bitkova, esposa e hija de Igor Bitkov, respectivamente.
Irina y Anastasia Bitkova fueron sentenciadas a ochos años de prisión por el delito de supresión y alteración del estado civil, y a seis por uso de documentos falsificados.
