Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, presume que los magistrados estarán divididos en dos grupos. Uno estará integrado por los magistrados: Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, José Mynor Par Usen y María Cristina Fernández García. Mientras que el otro grupo estaría armado por: Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Mynor Moto, María de los Ángeles Araujo Bohr, José Rosales Mirón y Henry Philip Comte.
“Tendríamos un grupo de seis y otro de cuatro. Eso es lo que se percibe que ocurrirá en la correlación de fuerzas a lo interno de la CC, por lo menos para completar este período. ¿Qué significa esto? Ellos de todas maneras ya tenían una ventaja sobre el otro grupo antes de que fuera electo Moto. En cuanto se concrete la incorporación del juez a la CC, tendrán una mayor ventaja”, opinó Ibarra.
Agregó que dependerá como se integre el pleno para conocer las acciones presentadas ante el máximo tribunal habrá distintas mediciones de fuerzas, porque también se debe tomar en cuenta los días y el tema que se conozca hasta el próximo 14 de abril, fecha en la que asumirá la nueva Corte de Constitucionalidad.
Para Edgar Ortiz, director de la Fundación Libertad y Desarrollo, los temas tributarios, justicia ordinaria y el día a día en la CC no habrá un cambio muy notable al momento de resolver las acciones; sin embargo, afirmó que, en las acciones inconstitucionales, casos de alto impacto o amparos políticos habrá un cambio más visible.
“Creo que la mayoría –de magistrados—que había hasta ahora era contrapoder político. Teníamos una mayoría de Gloria Porras, María Cristina Fernández y Francisco de Mata Vela. Mientras que Mynor Moto representa una línea más progobierno y, creo que los amparos y todas las acciones políticas que conozca la CC se verá que la mayoría probablemente se volteé. Esa es la apreciación que tengo a partir de los fallos que ha dado el juez Moto de alto impacto en su judicatura”, concluyó Ortiz.
Pero para que Moto tome posesión de su cargo en la CC se deben resolver las impugnaciones presentadas contra su designación como magistrado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG). Ortiz expresó que mientras estas acciones estén pendientes de resolverse, por lo que es probable que pasen días o semanas para pueda asumir.
Además, cuestionó por qué hay tanto interés para un cargo que durará por lo menos tres meses, y dijo que podría explicarse en que se quiere alterar las mayorías en el Tribunal Constitucional por la nueva magistratura, previendo que presenten impugnaciones por ese proceso y de alguna forma Moto resuelva en otro sentido.
Preocupación
Denis Martínez, encargado de la oficina de Impunity Watch en Guatemala, expresó que en los últimos cuatro años la CC mantuvo una fuerte lucha contra la corrupción e impunidad, y los magistrados que han llegado en los últimos meses muestran una posición contraria y de protección hacia personas que son señaladas en actos de corrupción y que han debilitar las instituciones que están relacionadas con la independencia judicial.
“Con la llegada de los nuevos magistrados vemos que puedan tener un impacto negativo en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Nos preocupa mucho la llegada del juez –Mynor—Moto, porque sabemos que tiene señalamientos muy fuertes de actos de corrupción o de dar protección a personas señaladas en corrupción. Nos preocupa que esta tendencia se pueda marcar en las resoluciones en las que él pueda participar durante estos tres meses”, opinó Martínez.
La preocupación porque los fallos de la CC hasta abril próximo favorezcan a personas señaladas en corrupción o vinculadas con el crimen organizado también es compartida por la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, Yolanda Pérez Ruiz, quien tiene la percepción que, en este breve plazo, no se conocerán las acciones interpuestas que a la ciudadanía le interesa, porque se podrán ver “saboteadas” y podrían salir con fallos que afectan a los ciudadanos.
“Vamos a ver mayores desestimaciones en materia penal o como la prensa suele llamar de “alto impacto” y como se desmorona el aparato que se había montado para combatir la impunidad se vendrá abajo. Sigo pensando, al igual que muchísimos guatemaltecos que, la lucha contra la corrupción perderá la fuerza que venía adquiriendo”, advirtió.
Pérez Ruiz cree que las fuerzas que buscan que la impunidad siga en el país se han fortalecido y han colocado en todos los ámbitos a personas que son afines con sus intereses; mientras que los aliados en el combate contra la corrupción se debilitan.
