El Juzgado de Mayor Riesgo D,  a cargo de la jueza Erika Aifán,  al analizar los medios de investigación presentados por el Ministerio Público (MP), ligó a proceso penal a los tres imputados en el Caso Huistas.

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El juez determinó auto de procesamiento en contra de Marlon Edín Guerra Mazariegos, por los delitos de falsedad ideológica y obstaculización de la acción penal.

Contra Camilo Gilberto Morales Castro por los delitos de falsedad material y obstaculización de la acción penal.

También contra Henrry Hernández Herrera, por obstaculización de la acción penal.

La audiencia continúa para discutir las medidas de coerción personal.

Según la investigación, en las interceptaciones telefónicas pudieron haber existido algunas discrepancias y se hace referencia que Hernandez Herrera pudo haber mediado o coordinado estas circunstancias.

La jueza consideró que las escuchas telefónicas implican a Hernández en la presentación de documentos falsos ante un Juzgado y por medio de esto simularon la posesión de los Q600 mil decomisados a Juan Bautista Rossoto López en septiembre de 2013.

Henry Hernández Herrera, es hermano de la diputada y vicepresidenta del Congreso de la República, Sofía Hernández, es ligado a proceso penal por obstaculización a la acción penal.

El 20 de enero pasado, Hernández Herrera, quien era prófugo desde octubre de 2018, fue detenido por su presunta vinculación con el caso Huistas impunidad.

Según el Ministerio Público (MP), los Huistas es una organización criminal que opera en el occidente de Guatemala y busca demostrar cómo se procuraba impunidad en el sistema judicial.

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El día de la captura de Hernandez Herrera, la congresista dijo que la responsabilidad penal es “personalísima” y que confía en que el sistema de justicia ha hecho una investigación objetiva.

El 5 de febrero pasado en la audiencia de primera declaración de Henry Hernández Herrera y otros dos implicados, los fiscales reprodujeron escuchas telefónicas en las que se fraguaba la simulación de una compra para justificar posesión de Q600 mil.

Según la investigación, se planificaba la simulación de la compra de la retroexcavadora una empresa constructora.