Diego Álvarez, portavoz de la Cicig, informó que el lunes recién pasado el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y la fiscal general, Claudia Paz y Paz, hicieron la petición.
En forma extraoficial se supo que el juez se excusará de conocer el caso.
De acuerdo con la fuente, la red de Lima Oliva, quien purga una condena de 20 años por la muerte de monseñor Juan Gerardi, ocurrida en 1998, extorsiona a reclusos y a miembros del grupo los Zetas.
Se supo que Lima Oliva es quien toma decisiones en la banda.
López Bonilla explicó que la investigación de esa estructura la continúa la Inspectoría General de Presidios.
