El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, explicó, al finalizar una citación con la Comisión de esa rama en el Congreso, que mantienen esa deuda con Tigo, que no se ha podido pagar por falta de recursos.
Según el funcionario, el servicio de cámaras de vigilancia se sigue prestando, pero no está bajo el control del Ministerio, aunque asegura que cada vez que se requiere de información se solicita y es entregada.
Rivas recordó que existen tres contratos de videovigilancia, pero dos de ellos están en procesos judicializados, por lo que administrativamente están concluidos hasta que los órganos de justicia resuelvan.
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En el 2013 Gobernación contrató a Construcciones y Telecomunicaciones, S. A., para prestar el servicio de cámaras en la zona 18. En el 2015 la Contraloría solicitó a la Procuraduría General de la Nación declarar lesivo dicho contrato, pues consideró que había sobrevaloración. Lo mismo sucedió con Internet Telecomunication Company de Guatemala.
El convenio con Tigo se firmó en el 2014. Según Rivas, se tendría que realizar un pago de Q20 millones mensuales, pero Gobernación no cuenta con los recursos para pagar, por lo que el saldo sigue acumulándose.
Mayo de 2013
- Suscriben un contrato por excepción para el arrendamiento de cámaras de vigilancia por Q262.5 millones para la zona 18 y áreas aledañas con una vigencia de cinco años.
