A tres meses de que se originó la controversia entre Porras y el Gobierno de EE. UU. por la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), algunos fiscales admiten la interrupción de los aportes de la cooperación de EE. UU., y estos han afectado a la institución.

El MP actualmente trabaja en coordinación con la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, en inglés) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), entre otros.

Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, explicó que la sanción a Porras y a su secretario, Ángel Pineda, afecta institucionalmente, ya que por medio de la cooperación técnica se capacita al personal y reciben donación de equipo, lo cual beneficia a las instituciones del Estado. Sin embargo, aclaró que siguen trabajando con las agencias de investigación estadounidenses porque desarrollan investigaciones trasnacionales para combatir la migración irregular.

Campo, que recientemente lideró operativos para desmantelar grupos de traficantes de personas en el occidente del país, añadió que meses atrás eran constantes las capacitaciones que recibían por parte de las agencias, pero luego del anuncio realizado por el Departamento de Estado en contra de Porras y Pineda, ese apoyo fue menguando.

“Son decisiones respetables y esperamos que en un corto plazo fluya de nuevo el apoyo”, expresó el fiscal. Campo, que fue jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, recordó que mientras estaba a cargo el personal recibió del Gobierno de EE. UU. capacitaciones relacionadas con el lavado de dinero e investigación de delincuencia organizada, entre otros temas.

Capacitaciones internas

Alexánder Colop, jefe de la Fiscalía contra la Trata de Personas, señaló que después del anuncio del gobierno estadounidense de detener la ayuda para el Ministerio Público, siguen trabajando los casos en donde habían realizado investigaciones en conjunto hasta obtener una sentencia.

Resaltó que las capacitaciones al personal, como parte de la cooperación internacional continúa aunque son menos pero, según él, se debe a las restricciones de la pandemia.

“Hemos visto que se ha ido activando, poco a poco, como la pandemia lo ha ido permitiendo. Creo que esa es la ventaja que tenemos nosotros, de que varios países apoyan el tema, como la Unión Europea y conforme se han ido abriendo las fronteras por la pandemia, hemos ido –a las capacitaciones—”, dijo Colop.

En cambio, añadió Colop, a lo interno han trabajado con la Unidad de Capacitación del MP para desarrollar actividades propias de la fiscalía, porque han percibido que existe interés en unidades o fiscalías para conocer el delito de trata de personas.

“El trabajo realizado por el Ministerio Público y la especialización realizada por determinadas fiscalías ha permitido que se continúe a un ritmo permitido de trabajo y no paralizar directamente. Las bases se dieron, solo es de esperar y continuar con esos procesos de especialización, que al final de cuentas conllevan a que las mismas instituciones sean sostenibles al tener fortalecidas las especializaciones”, explicó el fiscal.

Prensa Libre consultó a Emma Flores, jefa de la Fiscalía de Delitos contra la Extorsión, para conocer cuánto impacto ha tenido la suspensión del apoyo de EE. UU. en su fiscalía, pero indicó que se encontraba en una reunión y no podía atender la entrevista. También fue consultada Aura Marina López, jefa de la Fiscalía contra la Corrupción, quien prefirió no opinar sobre el tema, porque siguen con el mismo ritmo de trabajo y el tema de cooperación es administrativo, añadió.

También fueron consultados Gerson Alegría y Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y de la Feci, respectivamente, pero no respondieron a las consultas realizadas.

Mensaje es claro

Que Porras y Pineda estén incluidos en una lista de sanciones por su desempeño en la función pública, contrario a los intereses de EE. UU. no es una pérdida para los funcionarios, sino para el país, explica el politólogo Christians Castillo.

Castillo, explicó que al estar en medio la controversia es perjudicial para las personas que habitan Guatemala, más que a los funcionarios señalados, debido a que no se puede escapar al control territorial que ejerce, tanto en materia de interdicción a estructuras criminales como de apoyo al control fronterizo y el combate al contrabando.

Añade que Estados Unidos tiene mucho interés en abordar el narcotráfico, la corrupción y la migración por la vía jurisdiccional del Estado de Derecho y la investigación criminal, por lo que, en uno de los tres sectores haya sido incluido en la Lista Engel se percibe que el país no está teniendo éxito en administrar una justicia pronta y cumplida por sus propias capacidades.

“El país queda en una situación realmente compleja, porque el mensaje para todo lo que tiene que ver con inversión extranjera es nefasto, porque Estados Unidos, sin necesidad de levantar una alerta internacional a los capitales de advertir que no vayan a Guatemala, con la inclusión de la Fiscal General, la encargada de la investigación criminal, designada en una lista y las múltiples declaraciones diciendo que no le tienen confianza, el mensaje es alejarse de Guatemala porque no hay un estado de Derecho creíble”, advirtió.