Las inversiones del OJ provienen, además del aporte constitucional y extraordinario que debe dar el gobierno central, de dos grandes áreas: los fondos privativos y los de terceros.
De Q96 millones de fondos privativos “se hizo una desinversión” de Q80 millones para pagar sueldos en octubre, explicó Guzmán.
“No es que tengamos disponibles esos Q96 millones, eso es parte de lo que hemos presupuestado en 2014 y que de acuerdo a los compromisos los vamos erogando”, refirió.
Al recibir “la remesa” que traslada el Gobierno, esos fondos privativos vuelven a alimentarse, indicó Guzmán, pero la deuda ya suma Q285 millones.
Además, el OJ cuenta con Q232 millones en fondos a terceros, pero dijo que es un recurso “intocable”.
La semana pasada, Guzmán habló de esa reserva, pero nunca aclaró que no podría utilizarse, por tratarse de fondos que prescriben cada cinco años y que solamente pueden emplearse cuando esto sucede.
Contener el gasto
A cada unidad en el OJ se le ha pedido que traslade las propuestas de contención del gasto que serán conocidas por el pleno de magistrados mañana.
Por ahora las primeras medidas están enfocadas en el ahorro de energía, agua potable, servicios telefónicos, viáticos a la provincia e internet.
“Pero habrá más”, aseguró Guzmán.
Dos magistrados, quienes pidieron no divulgar sus nombres, afirmaron que contrario a lo expresado por Guzmán, para pagar sueldos de octubre debió echarse mano de dinero que correspondía a servicios esenciales, y pronto, de no obtenerse recursos, no podrán pagarse ni alquileres de las oficinas.
Consultado el magistrado Luis Arturo Archila, sin preámbulos respondió: “No hay ahorros, ya no existen”.
Al lado de Archila, el expresidente del OJ Arturo Sierra es aún más diáfano: “No se puede pagar aguinaldo”.
“Ni siquiera para noviembre hay dinero para salarios, no hay fondos”, indicó Archila.
Ambos magistrados coincidieron en que, de persistir este escenario, los servicios de energía, agua y luz serán recortados y los juzgados podrían, gradualmente, dejar de operar.
La versión de falta de ahorros la confirma el magistrado Gabriel Medrano.
Guzmán resume las actuaciones de Finanzas así: “No nos entregan lo que deben entregar” y “no lo entregan a tiempo, pues se asume que deben entregarlo en forma anticipada”, al referirse la creciente deuda.
La emergencia se resolvió, pero el problema de fondo no. “Se puede generar más crisis”, advirtió Guzmán.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Érick Álvarez, se negó a atender en su despacho a Prensa Libre.
Crisis anunciada
Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, señaló que se trata de una crisis anunciada desde que comenzó el año.
“El Ejecutivo decidió colocar bonos sin la autorización parlamentaria y eso generó un conflicto político”, expuso.
“El año pasado la crisis pudo ser amortiguada por dos préstamos que estaban contemplados en el presupuesto, pero este año esos no están y además hay un agujero de ingresos tributarios”, explicó.
“La crisis que estamos viendo, incluido el Organismo Judicial, viene desde el 2012, cuando se exageraron los ingresos en el presupuesto”, afirmó.
Desfinanciamiento
Efecto de desmanes
“Es un cuadro patético. Hablamos de que se genera un proceso de dominó. Cada vez estamos identificando servicios de orden público que están debilitándose como nunca habíamos visto de 1986 para acá. A la vuelta de la esquina se corre el riesgo. Aquí no son problemas de orden administrativo. Se trata de una crisis propiciada, resultado de tanto desmán”, dijo el politólogo Renzo Rosal.
Presupuesto
Sin ahorros
Los fondos privativos provienen de multas, las tasas por protocolos, antecedentes penales y certificaciones, entre otros ingresos. Tenían un fondo de Q114 millones.
“Los fondos a terceros provienen de consignaciones, cauciones, depósitos por causa y de tránsitos, fondos post mórtem de los trabajadores y son intocables”, explicó el magistrado Gabriel Medrano.
Amparo
Gobierno responde
El Ministerio de Finanzas, con ayuda de abogados de la Secretaría General de la Presidencia, entregó el viernes último el informe circunstanciado a la Corte de Constitucionalidad para responder al amparo interpuesto por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que reclaman por los fondos que se debían depositar en octubre.
El secretario general, Gustavo Martínez, indicó que en el informe solamente se explica “técnicamente” por qué no existe disponibilidad para trasladar dinero al Organismo Judicial (OJ), como lo ordena la Constitución.
Después correrá otra audiencia de 48 horas en la que los abogados de la secretaría a cargo de Martínez defenderán por qué el presidente “no tiene ninguna responsabilidad en el desfinanciamiento del OJ.
El miércoles último, la magistrada Brenda Quiñónez, quien ocupaba la presidencia de la CSJ en ausencia de Érick Álvarez, presentó el amparo que fue avalado por la firma de 12 de los 13 magistrados contra el presidente Otto Pérez Molina y el titular de la cartera del tesoro, Dorval Carías.
El magistrado Manfredo Maldonado razonó su voto en contra de que el recurso legal se presentara contra el mandatario.
Fondos se agotaron
Magistrados entrevistados afirman que esta es una de las peores crisis que el Organismo Judicial ha tenido en dos décadas.
Se trata de un sistema que administra y controla más de 600 tribunales en todo el país.
Hasta octubre había Q96 millones en fondos privativos, pero tuvieron que usarse Q80 millones para pagar sueldos y gastos de operación.
450 millones debe trasladar el gobierno central hasta noviembre.
80 millones se requieren para pagar salarios, sin contar gastos de funcionamiento.
10 mil trabajadores del Organismo Judicial se quedarán sin sueldo.
232 millones tienen en su poder, pero son fondos de terceros que no pueden usarlos.
12 magistrados estuvieron de acuerdo con interponer en la CC un amparo contra el presidente.
