La condena más alta fue dictada en contra de Susana Luarca Saracho, directora de la Asociación Primavera, que hizo el trámite de adopción de la menor, quien fue entregada a una pareja estadounidense.
Luarca Saracho fue declarada responsable de los delitos de trata de personas, asociación ilícita y uso de documentos falsificados, cuyas penas suman 18 años y ocho meses.
El Tribunal determinó que la condena por uso de documentos falsificados es de dos años, pero la sindicada puede pagar Q25 por cada día, y así reducir la pena.
Sandra Maldonado Velásquez, quien se hizo pasar por madre de la menor en el trámite de adopción, fue condenada a 16 años y ocho meses de cárcel, por supresión y alteración del estado civil, usurpación del estado civil, falsedad ideológica y trata de personas.
Cada uno de los tres primeros delitos conlleva penas de dos años conmutables, y por cada día podrá pagar Q10.
El abogado Raúl Ticún Urías, mandatario de la pareja Monahan Vanhorn, cumplirá ocho años de cárcel, por trata de personas.
La pena de cuatro años de prisión conmutable por el delito de trámite irregular de adopción en grado de tentativa le fue impuesta a Saúl Rivera, notario de la organización, quien comenzó con el trámite de adopción pero no logró concluir el proceso. También debe pagar una multa de Q333 mil 333.
"Lo que el juez -Mario- Peralta hizo, avergüenza a todo un gremio", dice jueza Irma Valdés. @prensa_libre
— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) June 18, 2015
El exjuez Mario Peralta fue sentenciado a cuatro años, por prevaricato, y podrá evitar la prisión si paga Q25 por cada día de la condena.
Además se le impuso una multa de Q2 mil, que era la pena pecuniaria más fuerte para ese delito en el 2006, cuando la niña fue sustraída de su hogar.
Para los exabogados de la Procuraduría General de la Nación César Galicia Prera, Mairena Ríos Trujillo y José España Sánchez, responsables de incumplimiento de deberes, se emitió una sentencia de tres años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios.
El único que fue absuelto de los cargos en su contra, por falta de evidencias, fue César Trujillo López.
Hecho acreditado
El Tribunal acreditó la sustracción de Hernández Rodríguez de su vivienda, en San Miguel Petapa, gracias a diversos documentos que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron junto con la acusación.
Entre las pruebas se encuentra el registro de nacimiento de la menor, cuyo nombre fue cambiado por el de Karen Abigaíl López García, asentado por Maldonado Velásquez, quien simuló ser Felícita Antonia López García.
También el documento de identificación de la verdadera López García, una ciudadana nicaragüense radicada en el país, y quien tiene una hija.
Además está el resultado de evaluación de ADN de la niña y la presunta madre, el cual dio negativo.
La judicatura ordenó a la Fiscalía investigar la responsabilidad de Timothy James Monahan y Jennifer Lyn Vanhorn, quienes adoptaron a la menor aún sabiendo, supuestamente, que había una prueba de ADN falsa.
Se ordenó activar una alerta Alba-Keneth internacional para localizar a la niña.
