Este jueves 2 de marzo, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un mensaje en el que exige a las autoridades guatemaltecas garantizar procedimientos justos contra los periodistas que han sido señalados por el Ministerio Público (MP) y pide garantizar el respeto de las garantías constitucionales.
“Nos preocupa la reciente decisión de investigar a 8 periodistas por informar críticamente sobre el caso de Chepe (Jose Rubén) Zamora. Las autoridades deben garantizar procedimientos justos y que cualquier limitación a la libertad de expresión sea legítima, necesaria y proporcionada”, señaló el comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El pronunciamiento de Türk se dio luego de que el juez Jimi Bremer avalara la solicitud que hizo la fiscal Cinthia Monterroso de investigar a periodistas y a columnistas, además de Zamora.
Los periodistas y columnistas de prensa que serán investigados son Julia Corado, Ronny Ríos, Denis Aguilar, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Vélix, Édgar Gutiérrez, Alexánder Valdez y Jerson Ortiz.
La mayoría de los nombres divulgados por Monterroso corresponden a periodistas de elPeriódico, medio presidido y fundado por Zamora Marroquín.
Defienden principio de libertad de expresión
La Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala, a través de un comunicado, condenó “las amenazas difundidas por la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Jimi Bremer, en el sentido de investigar a reporteros y columnistas por las publicaciones vertidas y comentarios en relación a procesos que están en investigación”.
La institución exigió que se respete la libertad de expresión, reconocida por la Constitución de la República de Guatemala y por la Ley de Emisión del Pensamiento.
“Tal como dice el párrafo del artículo 35 de la Constitución Política, que…. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos….”, dice el comunicado.
La Cámara, además, manifestó que defiende el principio de libertad de expresión que “ha sido ganado con el sacrificio, lucha y esfuerzo de varias generaciones de periodistas”.
“La libertad de expresión es para todos los guatemaltecos, no es un privilegio exclusivo de los periodistas. Los funcionarios públicos, incluidos los fiscales y los jueces, por su parte, están obligados por mandato legal a realizar su trabajo de forma íntegra y transparente sin amenazar a quienes los critican”, dice el comunicado.
En tanto, el movimiento Pro Justicia criticó la decisión del juez Jimi Bremer y detalló que “no extraña que el MP haya entrado en una fase más intensa de persecución contra sus críticos”.
Un comunicado de Pro Justicia señala que “con estupor hemos observado que el juez Jimi Bremer ordenó una investigación criminal contra periodistas y columnistas de elPeriódico, por el hecho de ejercer su trabajo, aplicar las herramientas que les permiten las leyes para informar a la población y expresarse con libertad”.
El documento refiere que “el MP considera que la crítica, la duda, la oposición, la búsqueda de información, la acción de informar a la población y la libre emisión del pensamiento son actividades criminales; y el juez concuerda. De lo contrario, su resolución habría sido de rechazo a la solicitud de la Fiscalía”.
“No extraña que el MP haya entrado en una fase más intensa de persecución contra sus críticos, pero es inconcebible que el juez haya autorizado abrir causas contra quienes ejercen la libertad de expresión y cuestionan las actuales dinámicas del sistema de justicia. Plantear cuestionamientos contra el desempeño de funcionarios, no constituye delito. Criticar a diputados, jueces, fiscales y magistrados no debe exponer a nadie a una persecución penal”, agrega Pro Justicia.
Además, resalta que “los jueces están obligados a fungir como defensores de los derechos humanos, porque su deber es garantizar el debido proceso a todas las personas sindicadas de delitos y la plena vigencia de los derechos y libertades de las personas. Por eso, el juez Bremer debió ejercer el control sobre la solicitud del MP y reorientar las pretensiones de la Fiscalía, para no crear lesiones de orden constitucional”.
“La decisión del juez debe ser cuestionada desde todos los enfoques democráticos, legales y constitucionales. Si esta acción no genera el repudio que merece, vendrán más acciones que ampliarán la ruta hacia más autoritarismo, censura y restricción de garantías constitucionales”, agrega el comunicado.
Además, el gobierno del presidente Joe Biden está “preocupado” por las investigaciones contra periodistas en Guatemala y estima que “criminalizar” el trabajo de la prensa “socava las normas democráticas”, afirmó este jueves el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
“Estamos profundamente preocupados”, afirmó Price en un comunicado. “Instamos al sistema judicial guatemalteco a rechazar la criminalización de los periodistas independientes y apoyar el periodismo independiente como uno de los pilares de una sociedad democrática segura y próspera”, subrayó.
“Criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión”, sostuvo Price en la nota.
El martes recién pasado el juez Décimo Penal, Jimi Bremer, abrió un segundo proceso penal contra Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódico que se encuentra en prisión preventiva desde julio pasado. Según la acusación formal, el periodista supuestamente intentó frenar una investigación en su contra por supuesto lavado de dinero en 2021.
Ese mismo día, Bremer aceptó la petición del Ministerio Público (MP) de investigar a varios periodistas y columnistas de ese rotativo, el cual ha publicado reportajes sobre la corrupción estatal en Guatemala.
Zamora será sometido a un polémico juicio el 2 de mayo por una primera acusación de supuesto blanqueo de fondos. Según la Fiscalía, participó en una trama de chantaje y lavado por unos US$37 mil 500 contra empresarios a cambio de no publicar información que les perjudicaría.
El periodista, de 66 años, se autocalifica como un “perseguido político” y estima que las imputaciones fueron montadas por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, Consuelo Porras, para silenciar sus publicaciones sobre corrupción.
En 2021, Estados Unidos incluyó a Porras en una lista de implicados en actos de corrupción o que socavan la democracia tras su decisión de despedir a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y considerado por Washington como un “campeón anticorrupción”.
*Con información de AFP
