Durante la resolución donde se declaró la falta de mérito a los detenidos el sábado 21 a inmediaciones de la Plaza Central y el Congreso de la República, el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno certificó lo conducente en contra de los agentes de la PNC que participaron en estas capturas y ordenó al Ministerio Público (MP) que investigara los hechos para determinar las responsabilidades.

Estas detenciones se realizaron durante y después de las protestas convocadas por la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2021. Aunque miles de personas, niños y adultos estaban manifestando de forma pacífica en la Plaza Central, hubo un grupo que se convocó en el Congreso de la República y que participó en la quema parcial de este edificio.

A pesar de que la quema se generó alrededor de las 14:30 horas, muchas capturas se ejecutaron horas después del hecho y a varias calles de distancia el Palacio Legislativo. Incluso, los agentes de la PNC detuvieron a varias personas que solo caminaban por el lugar y no tenían nada que ver con las manifestaciones de ese día.

Según la orden del juez, el MP deberá hacer las investigaciones a quienes participaron en estas detenciones, las cuales se pueden establecer en las prevenciones policiales donde aparece el nombre y la firma del policía que presentó a la persona ante las autoridades.

Al consultar a los abogados defensores sobre esta orden, son al menos 25 agentes que deberán ser citados por la Fiscalía de Asuntos Administrativos para rendir su declaración, explicar cómo fueron los hechos y quién les dio la orden.

Desde la tarde del 25 de noviembre, esta fiscalía recibió los expedientes para iniciar con las investigaciones.

“En el caso de Eimy hay un video donde se logra ver que fueron dos agentes hombres antimotines quienes la detuvieron”, explica Verner García, abogado defensor de Eimy Calderón Rodas.

García explica que los antimotines no pueden hacer capturas y, en el caso de su defendida, tuvieron que intervenir mujeres, por lo que señala que al menos existen dos irregularidades.

Los delitos en los que pudieron haber incurrido los agentes son falso testimonio con una pena de 2 a 6 años de prisión por haber mentido en la prevención policial, incumplimiento de deberes con una pena de 2 meses a 1 año de prisión y abuso de autoridad con una pena de 3 a 6 años.

Estas investigaciones se unen al informe que la PNC deberá presentar en las próximas horas ante la Corte de Constitucionalidad por no haber respetado el amparo otorgado a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) donde se ordenaba proteger el derecho de la ciudadanía a manifestar.

“Todas información y requerimiento que esté solicitando el MP para la ubicación del personal y las nóminas se estará entregando” Jorge Aguilar, vocero de la PNC.

Irregularidades en las detenciones

“Cuando el agente me capturó empezó a hablar en clave con alguien más y hasta una foto se tomó conmigo como para demostrar que él había sido quien me capturó” contó de forma extrañada Otto René Castellanos que fue detenido en los locales de la planta baja del edificio El Centro.

Debido a las irregularidades demostradas en audiencia, el juzgador también ordenó que se determine la cadena de mando para establecer cuántas personas estuvieron implicadas en las detenciones, ya que muchos de los defensores explicaron que los agentes que hicieron las detenciones no fueron los mismos que firmaron la prevención policial y esto implica la primera irregularidad en el procedimiento.

La segunda irregularidad es que muchos presentaban golpes en la cabeza, piernas, espalda y costillas que, aseguran, fueron propinadas por los agentes al momento de la detención.

Además, muchas de las detenciones fueron realizadas por agentes antimotines que no están habilitados para hacer este tipo de acciones. De realizarse las investigaciones respectivas, el número de agentes a investigar aumentaría.

Jovita Tzul, abogada de Claudia Salguero y su hija Mavelyn Guzmán, explica que si se trata de los agentes captores fueron únicamente dos los que detuvieron a sus defendidas, pero debido a que la PNC es una institución eminentemente jerárquica se debe investigar la cadena de mando.

“El MP debe determinar la cantidad de agentes involucrados en los hechos, ya que quienes firmaron las partes policiales eran diferentes a los agentes captores. Esto en un principio es una irregularidad muy grave en el procedimiento de la detención porque no se están cumpliendo los protocolos de la ley”, explicó Tzul.

Las irregularidades no solo se determinaron al momento de las capturas, sino en la redacción de las prevenciones policiales ya que no coincidían con el lugar y hora de los hechos ya que la dirección donde fueron aprehendidos según los testimonios de las víctimas, no coincide con los testimonios de los agentes.

“La aprehensión de mi cliente es completamente incongruente porque se establece en la prevención que se intentó dar a la fuga pero él estaba con la moto estacionada, además dijeron que no estaba identificada pero en audiencia se demostró la placa y la tarjeta de circulación”, explicó la abogada Evelyn Molina.

Orlando López, abogado de Roxana Coronado y su hijo José Pablo Puente indicó que hay suficientes pruebas en fotografías y video sobre la actuación ilegal de los agentes policiales. “En primer lugar hay abuso de autoridad y es un delito que se debe de investigar, también hay una evidente desproporción de fuerza utilizada para reprimir a los manifestantes”, dijo.

López detalló que otras de las irregularidades es que todos los detenidos ingresaron a la carceleta de Torre de Tribunales faltas al orden público, algo que no constituye un delito por lo que el MP no tenía que haber intervenido en las audiencias. “Por orden alguien que no se el MP decide participar y se involucra en estos procesos junto a la Procuraduría General de la Nación a pesar que los hecho y acciones relatadas no eran delitos”, dice.

Ante esto, López anunció que presentarán una denuncia contra los auxiliares fiscales que realizaron la imputación por haber faltado al principio de objetividad.