“Mi detención fue ilegal porque los agentes eran encubiertos y no sabían con quién estaban conversando. Los vehículos no tenían las placas visibles. ¿Es así una detención legal?”, cuestionó Foppa, quien no ha sido escuchado en primera declaración, pues el juez Velásquez se inhibió el jueves último de conocer el caso.
Velásquez aclaró que no podía resolver si fue una detención legal o ilegal, por lo que ordenó a la Fiscalía que investigara ese extremo.
Solórzano Foppa fue arrestado el 19 de mayo último por supuesta falsedad ideológica.
Su detención se llevó a cabo en una avenida al sur de la Ciudad de Guatemala por automóviles sin matrícula y no identificados que le cerraron el paso sin explicación, según explicó en redes sociales Solórzano Foppa al momento de su captura y posteriormente en declaraciones a periodistas.
Juan Francisco Solórzano Foppa expone ante juez Penal de Turno fue ilegal debido a que "participaron agentes encubiertos". Aunque el juez aclaró que se ha inhibido del proceso. pic.twitter.com/qZrbklrWcH
— Edwin Pitán (@Epitan_PL) May 28, 2021
El arresto se produjo varios minutos después de ser interceptado por las fuerzas de seguridad ya que, según precisó, los policías que lo detuvieron no le brindaban motivos al respecto.
El fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos Electorales, Rafael Curruchiche, aseguró que la captura se debió a que supuestamente Solórzano Foppa y otra docena de personas “de forma dolosa y deliberada insertaron hechos y actos falsos” para la creación de un partido político en 2020.
Solórzano Foppa fue fiscal del Ministerio Público durante más de una década y también -entre 2016 y 2018- jefe de la SAT.
Su labor al frente de la SAT se caracterizó por lograr una histórica recaudación de impuestos en 2016 y por haber puesto en jaque a varias de las grandes empresas del país por defraudación tributaria, incluida una multa de US$100 millones (la más grande del país) a la firma Aceros de Guatemala.
Por su parte, en el Ministerio Público Solórzano Foppa fue uno de los colaboradores de la investigación “La Línea”, que culminó con el encarcelamiento en 2015 del expresidente Otto Pérez Molina por corrupción.
El juez de Turno Penal, Érick Velásquez Paz, se inhibe de conocer el expediente y audiencia de primera declaración en el que se le señala a Juan Francisco Solórzano Foppa y otros cinco implicados. | pic.twitter.com/77nUQeAGwP
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Tras la suspensión de la audiencia este jueves, el caso será conocido este viernes por otro tribunal, una decisión que según Solórzano Foppa atenta contra sus derechos al llevar más de una semana en prisión sin ser escuchado.
El miércoles, mediante una carta pública, al menos 800 personas entre académicos, estudiantes y profesionales guatemaltecos y extranjeros solicitaron la “inmediata liberación” de Solórzano Foppa en lo que consideran una persecución política en su contra por su lucha contra la corrupción.
Normas para efectuar un operativo policial
En una nota de agosto del 2018, personal de Comunicación de la PNC dijo que un puesto de control legal debe estar integrado por 10 o 15 personas, como mínimo.
Explicaron que dentro de los protocolos se designa a un agente para que seleccione y detenga vehículos sospechosos.
Además, dos agentes se colocan al final del puesto, quienes están a bordo de motos o autopatrullas, para perseguir a los automovilistas que evadan la señal de alto. El resto de los agentes revisa vehículos y pide los documentos a los conductores.
Se enfatizó que entre los elementos policiales que estén en un puesto de control debe haber al menos una mujer policía, para que revise a las conductoras y vele porque se respeten sus derechos.
Los agentes deben estar debidamente uniformados y el código o número de registro en el uniforme con su nombre tienen que ser visibles.
También se explicó que el automóvil debe ser revisado en presencia del conductor, para evitar cualquier malentendido con los agentes.
“Cuando hay casos de emergencia o persecuciones donde se quiere identificar un vehículo se lanza una alerta y cualquier autopatrulla y agente tiene la facultad de parar automóviles, esto está legalizado en el artículo 25 de la Constitución Política de la República y en el artículo 12 del reglamento de la PNC, es una rutina y una técnica policial”, dijo uno de los veceros de ese entonces.
Colaboración
El conductor tiene derecho de no bajarse de su vehículo, aunque no se permitirá que continúe y los agentes deberán llamar a los fiscales del MP para que mediante una orden judicial se logre que el conductor baje y permita la verificación.
“Si es un operativo de rutina, el conductor puede permanecer en su vehículo, pero si es necesario que se le revise y no quiere bajar, tendrá que llegar un fiscal; también se pide el apoyo de perros antidrogas y el proceso puede alargarse hasta seis horas, mientras dura la inspección”, expuso.
Delitos
Si un agente es denunciado por cometer algún tipo de abuso y hay pruebas que lo demuestran, paralelo al proceso que llevan en un juzgado se les abre expediente en el tribunal disciplinario de la PNC, en el que se decide la situación en la que quedará el sindicado, aunque en el tribunal se le considere inocente.
La PNC informó que no todos los agentes denunciados son destituidos, debido a que muchos logran resolver su situación legal y vuelven a sus puestos, sobre todo cuando se trata de delitos menores que no son comprobados ante el juez con suficientes pruebas; en otros casos se acuerda sancionar al sindicado.
