Se entrega abogado de empresa acusada de fraude

Frank Trujillo, representante legal de Aceros de Guatemala, empresa señalada de beneficiarse de una estructura en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para evitar pagar multas por más de Q250 millones, se presentó  voluntariamente al Juzgado de Mayor Riesgo B.

Trujillo —segundo de izquierda a derecha en la fila de enmedio— se presenta voluntariamente al Juzgado de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Jerson Ramos)
Trujillo —segundo de izquierda a derecha en la fila de enmedio— se presenta voluntariamente al Juzgado de Mayor Riesgo B. (Foto Prensa Libre: Jerson Ramos)

Sobre Trujillo pesaba una orden de captura, pese a ello su abogado defensor afirmó el pasado lunes al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que su cliente se presentaría este martes a la audiencia de primera declaración de los implicados en el caso conocido como Impunidad y Defraudación.

Trujillo, quien es hermano de Héctor Trujillo, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y quien está implicado en un caso de corrupción en la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut), pidió al juez que revoque la orden de captura en su contra porque se presentó al juzgado.

“Necesito que se respete el ejercicio de mi profesión. Solicito que se revoque mi aprehensión, si es que se dictó, y se me permita seguirme presentando como lo hice hoy”, indicó Trujillo al juez Gálvez.

El Juez admitió la solicitud y permitió que Trujillo regresara a su vivienda, con la condición de regresar este miércoles para rendir su declaración.

Se mantiene en caso

El abogado Mario Cuevas, defensor de Giovanni Marroquín Navas, intentó separar al juez del caso, aduciendo que no existía una orden de la Cámara Penal, de la Corte Suprema de Justicia, para que el expediente se mantuviera bajo su control.

Cuevas dijo que los procesos que se encuentran en los juzgados de competencia ampliada no permanecen allí por convieniencia del Ministerio Público, sino por resolución de la Cámara Penal, y que en este caso no había.

Gálvez rechazó dejar el caso y argumentó que las pesquisas se originaron por la investigación que la Fiscalía hacía contra la red de defraudación aduanera denominada La Línea, cuyo control sí está a su cargo.

“Las escuchas -telefónicas de este caso- no son modernas. Se trata de procedimientos que se efectuaron entre el 2014 y 2015. El caso La Línea comenzó el 16 de abril del 2015. El 16 de abril del 2015 concluyó la interceptación de llamadas”, dijo Gálvez.

Impunidad y Defraudación

El 12 de febrero último, el Ministerio Público (MP), con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), capturó a una red de funcionarios y ex funcionarios de la SAT, gracias a una investigación de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos como resultado de las evidencias detectadas en las escuchas telefónicas del caso La Línea. Ese día se capturó a:

  • Alfonzo Romeo Castillo Castro, director de la Intendencia Jurídica
  • Elder Hermelindo Fuentes García, intendente de la SAT
  • José Antonio Mangandi Ortiz, gerente de Contribuyentes Grandes
  • Evelin Yulisa Natareno Gómez, jefa Intendencia de Verificaciones
  • Alicia López Paiz, mandataria de la entidad
  • Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, auditor
  • Giovani Estefan Reyes Pérez, auditor
  • Nidia Verónica Espina Batres auditor
  • Julio Ernesto Román García, auditor
  • Pedro José Raúl Paiz Valdez, representante de empresa
  • Alfredo Muñoz Ledocarrillo, representante de empresa
  • Rigoberto Chacaj Soc, representante de empresa

Ayer fue detenida María Eugenia Valdés Gómez, representante de Aceros de Guatemala, en el hospital universitario La Esperanza, situado en la zona 10 capitalina.


De acuerdo con el MP la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por Omar Franco Chacón, ex superintendente de Administración Tributaria y Geovani Marroquín Navas, ambos integrantes de la organización criminal conocida como La Línea y se encuentran en prisión.

El propósito de la empresa era obtener la desestimación de tres querellas por un monto de Q255 millones 612 mil 266.82, mediante la alteración de las auditorías hechas por la SAT.

La misma empresa, que fue favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11.8 millones, todo a cambio de promesa remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la SAT.

Los delitos que se imputan a esta organización son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.