El fiscal Erick de León Morataya abrió los alegatos al señalar: “La jueza (Patricia Flores) carecía de facultades legales para emitir la resolución, porque ya lo había hecho la Sala Primera del Ramo Penal (por medio de los magistrados suplentes)”.
Agregó que la juzgadora, al emitir la resolución, anuló lo resuelto por el juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, con posterioridad al 23 de noviembre de 2011, entre esto el envío a juicio de Ríos Montt y por consiguiente el debate contra los militares.
La Sala en mención resolvió declarar sin lugar la recusación presentada por la abogada Lea de León (muerta a balazos), defensora de Rodríguez Sánchez, contra la juzgadora. Con lo cual se acataba el fallo del amparo otorgado por la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia al Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), quien solicitó que Flores no debía ser separada del proceso, pues el expediente ya había sido trasladado al juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez.
Martín Vivar Castellanos, abogado de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), clamó por justicia para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del conflicto armado interno por considerar que la juzgadora, al emitir la resolución, pretendió vestir de legalidad su errático actuar ya que al momento de resolver no tenía competencia ni facultad para regresar el expediente hasta noviembre de 2011.
Al mismo tiempo hizo énfasis en que se está “nuevamente ante el riesgo de una resolución fatal para el sistema de justicia”, al hacer referencia de la sentencia emitida por la CC el 20 de mayo de 2013, cuando se anuló la sentencia de 80 años de prisión contra Ríos Montt y la absolución de Rodríguez Sánchez.
Héctor Reyes, abogado de Caldh, indicó que entre el 19 de marzo de 2013 y el 10 de mayo del mismo año ocurrieron un sin fin de hechos en detrimento del proceso contra los militares acusados de genocidio y contra los deberes de la humanidad. Muestra de ello, indicó, hay presiones que rodean el caso Ríos Montt, a tal grado que hasta la fecha aún no se ha podido dar cumplimiento con el fallo del máximo tribunal para que una Sala resuelva si procede o no la aplicación del decreto 8-86 para otorgar la amnistía al militar.
Mientras tanto los defensores coincidieron en que la apelación que se encuentra en el máximo tribunal constituye una paradoja, debido a que en primer término los apelantes solicitaron que la jueza Flores siguiera conociendo el caso contra Ríos Montt, pero con el transcurrir de las actuaciones observaron que era mejor que ella fuera separada y de allí que hayan dos amparos acumulados que chocan entre sí porque no se puede a través de un amparo accionar contra otro amparo.
Según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad la CC debe emitir un fallo dentro de cinco días.
