El pasado 3 de enero el juez Tercero, Mynor Moto, dictó sobreseimiento a favor del legislador Blanco. En esa ocasión el juzgador argumentó que no se podían señalar de cargos al diputado.

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El señalamiento lo hizo la Fiscalía de Delitos Electorales. Tres días después, el fiscal Jósé Curruchiche planteó la apelación que por sorteo fue a parar a la Sala Cuarta de Apelaciones Penal, cuyos magistrados confirmaron la decisión de Moto.

Los magistrados rechazaron la apelación que planteó el fiscal Curruchiche aunque se desconocen los motivos debido a que aún las partes deben ser notificadas.

“Aún no hemos sido notificados de la resolución de la Sala. Cuando la tengamos la vamos a analizar detenidamente y después se decidirá las acciones a tomar”, informó vía telefónica Óscar Shaad, jefe de la Fiscalía. La vía que le queda a la Fiscalía es impugnar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por financiamiento

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) acusaron a Blanco Lapola por financiamiento que no fue reportado durante la campaña electoral de 2015.

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Entre los indicios recolectados del 1 de enero del 2015 al 9 de enero del 2016 están los servicios que se brindaron a distintos candidatos, entre ellos, Sandra Torres, Carlos Barreda -actual diputado- y el mismo Blanco Lapola, por Q2 millones 216 mil 850.

La UNE reportó Q1 millón 652 mil 484.65 como “aportes no dinerarios” de las entidades BIENNO, S.A. y MAARIV, S.A para transporte aéreo. El ente acusador sustenta que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) practicó tres auditorías entre el 22 de febrero del 2016 y el 4 de agosto del 2017, a las entidades Helicópteros de Guatemala, S.A., BIENNO, S.A. y MAARIV, S.A.

Según la acusación, la empresa Helicópteros de Guatemala, S.A., facturó a la entidad BIENNO S.A., por concepto de horas de vuelo para la UNE la cantidad de Q 1 millón 332 mil 875.05. Aunque los vuelos no fueron pagados por ellos y que por esa razón habían devuelto las facturas. La devolución fue el 27 de noviembre del 2015.

La investigación del MP señaló que el pago de los servicios aéreos presentados ante el TSE como supuestos “aportes no dinerarios” fueron cancelados por el propio partido, por Jack David Vargas Nuñez y Estuardo Vargas.

Según el MP, Jack David Vargas Nuñez y Estuardo Vargas realizaron pagos a Helicópteros de Guatemala, S.A. para vuelos de la UNE, por Q838 mil 750 y Q247 mil 375 respectivamente, los cuales no fueron registrados en la contabilidad del partido ni reportados al TSE como financistas privados, configurándose como aportes anónimos.

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