A estas siete detenciones se suman las de los particulares Marvin Wotzvelí Joj Yax, Martín Norman Almanzar González, Émerson Donaldo Lemus Escobar, Olivan Estuardo Gómez Gómez e Isabel Salvador Morales Solís, sindicados de haber matado a sueldo. Las capturas se dieron en distintos operativos y fechas.
Los crímenes que les imputan a los aprehendidos pudieron haber sido cometidos del 2008 al 2013.
Los civiles fueron enviados a prisión preventiva por asociación ilícita, asesinato en grado de tentativa y secuestro, mientras que a los policías y los expolicías se les agregó el de ejecución extrajudicial, según resolución del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo.
Forma de operar
Según las pesquisas, para cometer los crímenes, los exagentes se hacían pasar como activos, ya que tenían insignias de la institución. Después de identificar y ubicar a sus víctimas, les interceptaban el paso, las llevaban a otro lugar y los mataban.
Fiscales del MP refirieron que algunas víctimas eran presuntos delincuentes que cometían extorsiones y robos.
En otras ocasiones eran contratados por personas que les pedían matar a otras consideradas “enemigas” o porque tenían problemas.
Se tienen documentados 65 expedientes que hacen suponer que sus víctimas podrían ser más de 70.
El cabecilla de la banda es un civil y está prófugo, junto a otras personas, refirió la fuente.
El 30 de abril del 2011, Ovando Ábrego, Barrientos Guerra, Muñoz Godoy y Joj Yax fueron capturados en Antigua Guatemala.
Cuando se les pidió que se identificaran, aseguraron que eran policías y mostraron un carné de la institución y otro de la División Especializada en Investigación Criminal.
Luego amenazaron a los agentes captores con llamar a la Oficina de Responsabilidad Profesional para que los sancionara.
Los sindicados se conducían en dos vehículos, una camioneta y un sedán.
Al solicitar información del último vehículo, se descubrió que tenía denuncia de robo, por lo que los policías procedieron a inspeccionarlo. Fue así como descubrieron cuatro armas de fuego 9 milímetros y de otros tipos, además de insignias de la PNC, chalecos de la institución, bolsas de nailon negras, pedazos de cuerda y pitas, supuestamente para estrangular a sus víctimas.
En la capital operaban en Amatitlán, aunque la mayoría de los casos ocurrieron en Villa Nueva y Villa Canales.
Antecedentes
El Tribunal Primero de Sentencia condenó a 30 años de prisión a tres agentes que participaron en la ejecución de cinco personas que fueron capturadas en el barrio El Gallito, zona 3 capitalina.
Los jueces señalaron como autores de ejecuciones extrajudiciales al inspector Wílson Tobar Valenzuela, al oficial Dionisio Balán Santos y al agente Sabino Ramos Ramírez.
Las víctimas fueron aprehendidas el 21 de septiembre del 2007, en la 7a. avenida y 13 calle, zona 3, y cuatro días después sus cuerpos fueron localizados en un terreno baldío, en el bulevar El Naranjo.
Marlene Blanco Lapola, exviceministra y exdirectora de la PNC, enfrenta proceso desde el 2012, por ejecución extrajudicial, junto con tres expolicías, sindicados de haber ordenado la muerte de tres presuntos extorsionistas del transporte público, en Quetzaltenango y Huehuetenango.
PARTE DE LA BANDA
Entre exagentes, efectivos en servicio y particulares se dedicaron a matar a varias personas en diferentes partes del país, según las pesquisas del MP.
Estaban asignados a la Comisaría 15
El 11 de abril del 2013, los agentes de la PNC Víctor Hugo Ruano Boch y Adán Alfredo Téllez Gaitán fueron capturados por asociación ilícita y asesinato. Ambos estaban asignados a la Comisaría 15, pero por la rotación de personal fueron enviados a la provincia. Boch fue detenido en Santa Elena, Petén, y Téllez Gaitán, en El Tumbador, San Marcos.
Empresario e hija fueron secuestrados
Jorge Aníbal Hernández Catalán e Isabel Salvador Morales Solís, particulares que pertenecen a la misma banda, fueron detenidos el 6 de junio del 2013, por el secuestro de un empresario y su hija, en Baja Varapaz. Se les incautaron armas calibre nueve milímetros y Q140 mil en efectivo; al parecer, parte de Q150 mil que exigían por liberar a las dos personas.
70 muertes se le atribuyen a esta banda criminal.
45 expedientes tiene documentados el Ministerio Público.
