Siete años han pasado del suceso en el lago de Izabal, donde tres estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), cayeron al agua y en circunstancias confusas murieron. Solo sobrevivió una persona, Lemuel Valle, un biólogo que trabajaba para la minera de El Estor.

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El martes pasado, 1 de octubre, el Tribunal de Puerto Barrios decidió anular la sentencia en contra del biólogo, a quien absolvió de cualquier responsabilidad penal, sin embargo, la trama legal no termina ahí. Los familiares de los tres estudiantes se preparan para agotar hasta la última instancia para conseguir respuestas. Ahora sigue la casación.

Por ahora, Valle se reconoce como satisfecho con la absolución porque “se cometieron muchas irregularidades durante el juicio”. Al otro extremo, las familias de los tres jóvenes aseguran que la negligencia del trabajador provocó el accidente y su impericia para controlar la situación provocó que los estudiantes no recibieran la ayuda necesaria para salir del agua.

“Cuando uno vive eso, la muerte de un hijo, lo que quiere saber es qué paso. Queremos saber la verdad. Yo he sido trabajador toda mi vida y con mucho esfuerzo le estábamos pagando la universidad”, dice Carlos de León, padre de Ángel Rodolfo, una de las tres jóvenes víctimas.

Los hechos a siete años

En El Estor, Izabal, existe una reserva natural que facilita el acercamiento a especies animales exóticas, como los cocodrilos. Como parte del plan de estudios, el grupo de estudiantes de biología viajó a Río Dulce para profundizar sus estudios de aves y reptiles.

Alrededor de las 6.30 de la noche Lemuel reunió a los tres estudiantes que lo acompañarían a observar y contar cocodrilos en un canal de la reserva privada; una tarea que debería tardar no más de tres horas. Estaban el trabajador y los estudiantes Ángel Rodolfo de León Palacios, Naomy Lara Orellana y Juan Carlos Velásquez Marroquín.

Tomaron un bote, se le asignaron tareas y realizaron el recorrido. Al salir del canal hacia el lago, según sostiene Valle, un oleaje golpeaba la embarcación y fue tanta la fuerza que finalmente provocó que este volcara y todos cayeran al agua.

Durante el juicio hubo coincidencias, como que el trabajador llegó corriendo, nervioso y mojado a pedir ayuda al grupo de estudiantes.

Aunque los exámenes forenses confirmaron rastros de etanol en los cuerpos de las víctimas, nunca fueron concluyentes sobre si se trataba del proceso de descomposición de los cuerpos o eran vestigios de la ingesta de alcohol de los jóvenes.

“En todo caso, si los muchachos hubieran tomado no se les hubiera permitido abordar el bote. Era irresponsable hacerlo”, dice De León, que insiste en que sí hubo negligencia de parte del encargado de dirigir el grupo.

Camino legal

El 12 de junio pasado un juzgado de Izabal encontró culpable a Valle de homicidio culposo en agravio de los tres estudiantes, por lo que dictó cinco años de prisión conmutables a razón de Q15 diarios. Según el Ministerio Público “se probó la tesis acusatoria, cuya investigación estableció que hubo imprudencia, negligencia e impericia el día de los hechos, ya que iban en una lancha cuatro personas cuando en realidad esta tenía capacidad para dos”.

“Yo no tengo la culpa de haber sobrevivido”, dice Valle, que sostiene que los hechos fueron fortuitos y no tuvo ninguna responsabilidad directa en el fatal incidente. El biólogo ha vivido el un proceso que, asegura, le ha costado su empleo y su reputación.

De igual manera las tres familias de los jóvenes fallecidos han vivido siete años en un proceso penal que los hace viajar frecuentemente a Izabal para presenciar las audiencias.

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“Cualquiera toma cualquier cosa como verdad, las pruebas, ahora, me han beneficiado, porque no tuve la culpa de lo sucedido”, dice Valle.

En el otro extremo, la familia de Ángel, al igual que la de las otras dos víctimas, también han cubierto las costas que representa más de un lustro de procesos.

“Nosotros estábamos haciendo un esfuerzo bien grande, fuerte, para pagar la universidad. Haciendo el esfuerzo, entonces, si viene otro recurso legal -la casación- es un montón de plata tener que pagar abogados otra vez. Ha sido también un desgaste emocional”, reconoce De León, que asegura que las tres familias de las víctimas están a la espera del criterio de sus representantes legales para presentar la nueva acción penal.

“Queremos saber qué pasó y lamentablemente en el juicio no lo pudimos averiguar”, dice.

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