Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron las recusaciones presentadas por la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, para que los togados Silvia Patricia Valdés y Manuel Duarte no conocieran el antejuicio presentado en su contra por el exjuez Mynor Moto.

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“Se impone a la recusante una multa de Q500 por la improcedencia de la recusación”, señala el fallo judicial.

Tanto Valdés como Duarte tienen vía libre para conocer la solicitud de retiro de inmunidad planteada por Moto contra Aifán por haber autorizado la orden de captura en el caso Comisiones Paralelas 2020.

La solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra Aifán por petición de Moto, es por haber autorizado su orden de captura en el caso Comisiones Paralelas 2020.

El 2 de febrero, Mynor Moto fue declarado en rebeldía y bajo arraigo por Erika Aifán, que ordenó su captura por el delito de conspiración para la obstrucción a la justicia.

El 10 de febrero pasado, la jueza Aifán pidió a la CSJ que los magistrados Silvia Valdés y Manuel Duarte no conozcan el antejuicio promovido en su contra por Mynor Moto.

En esa ocasión, la juzgadora argumentó que ambos opinaron y pidieron informe por allanamiento a Juzgado Tercero, que estuvo a cargo de Moto.

Cabe resaltar que el 25 de marzo  recién pasado, en sesión el pleno de la CSJ aceptó la excusa de la magistrada Silvia Patricia Valdés para no conocer la solicitud de antejuicio presentada por Mynor Moto contra la jueza Erika Aifán.

El 11 del mismo mes, Valdés se excusó de conocer la solicitud de retiro de antejuicio contra Aifán y también argumentó en esa ocasión que duda de la imparcialidad de la juzgadora.

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En febrero de 2020, la Feci presentó una investigación denominada “Comisiones Paralelas 2020”, en la que se expuso un conjunto de actores que se habrían reunido con Gustavo Adolfo Alejos Cámbara (sindicado en varios casos de corrupción y a quien recientemente Estados Unidos sancionó con la Ley Magnitsky ).

Según el Ministerio Público, la finalidad de las reuniones fue manipular las actuaciones y votaciones en las Comisiones de Postulación para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, así como del propio Congreso de la República.

Los hechos por los que se solicitó la captura se relacionan con la concentración de personas “para defender sus propios intereses o de terceros en el proceso de postulación para magistraturas de altas cortes, según la investigación.