Por el crimen contra el fiscal Allan Stowlinski Vidaurre, en Alta Verapaz, el año pasado, fueron condenados a 97 años Salvador Argüelles Briones, Lauro Zavaleta y José Antonio Guzmán, quienes fueron encontrados responsables de asociación ilícita, asesinato, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de municiones, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y tenencia ilegal de armas hechizas.
A 58 años fue sentenciado Carlos Martínez González por asesinato y asociación ilícita.
A Juan Carlos Sánchez, Germán Ico Ché y Mynor Yat les impusieron 47 años de cárcel por asociación ilícita, tenencia ilegal de armas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y tenencia ilegal de armas hechizas.
Daniel Castillo Gaspar fue sentenciado a 45 años de cárcel por conspiración para el asesinato, posesión para el consumo y tenencia ilegal de munciones.
José Arístides Xol a 44 años de prisión por asociación ilícita, conspiración y tenencia ilegal de municiones.
Luswin Alberto Zelada, alias Comandante Lombríz, fue sentenciado a 43 años de cárcel por homicidio en grado de tentativa, portación ilegal de explosivos y asociación ilícita. Fue condenado por el atentado contra fuerzas de seguridad en Jalapa, en junio del 2011.
Jorge Hernández Méndez, Tiburcio Barreno Pérez, Ricardo Hernández Cartezanos, Sergio Noé Reyes y Eduardo Morales Sánchez irán 23 años a prisión por los delitos de asociación ilícita y portación ilegal de explosivos.
Álida Tarcila Carrera, a 16 años de cárcel, por asociación ilícita y portación ilegal de armas.
Lorenzo Xol Cu y Carlos Asencio Asencio, a 14 años de prisión por asociación ilícita y tenencia ilegal de municiones. César Eduardo Méndez, Edwin Monterroso Garza irán ocho años a la cárcel por asociación ilícita, más otros dos años por encumbrimiento propio.
A ocho años por asociación ilícita fueron condenados Wílmer Foel Pérez, Émerson Roberto Sacba, Víctor González Aburto, Luis Arturo Ortiz, Mario Díaz Falfán, Dani Gabriel Camo Pacheco, José Arturo Godoy, Kristofer José Córdova, Luis Gustavo Cal Bol, José Luis Santiago Morales, Gustavo Adolfo Hernández Rodas y Hari Estuardo Cogua.
Por unanimidad el Tribunal impuso 35 años de prisión a Tomás de Jesús Morales de León por asociación ilícita y tenencia ilegal de armas. Por mayoría también se determinó que el condenado es responsable de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.
A dos años de cárcel fue condenada Escarli Yasmín Chavez por encubrimiento propio.
Al finalizar la lectura de la sentencia, la presidenta del Tribunal Janeth Valdez pidió investigar a funcionarios y operadores de justicia que supuestamente colaboraron con esta estructura criminal.
Conclusiones
En la última audiencia del juicio, los sindicados se declararon inocentes, pero el Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal que les impusiera penas de ocho años por el delito de plagio o secuestro; 50 años, por conspiración para el plagio o secuestro, y 25 o 50 años, por el delito de asesinato de dos de víctimas durante el 2011.
También fueron juzgados por portación ilegal de armas de fuego y municiones; asociación ilícita, conspiración para el asesinato, comercio, tráfico y almacenamiento de drogas.
Incursión
Durante el juicio, el MP sostuvo que los Zetas causaron zozobra en Huehuetenango, Totonicapán y Petén durante el 2011. En esos lugares fueron encontradas mantas con amenazas contra autoridades y medios de comunicación.
Según las investigaciones, los Zetas operan en nueve departamentos del país con la consigna de que aquellos que no se “alíneen para el trasiego de armas y droga” serían eliminados.
Informes del MP y la PNC dan cuenta de que los Zetas ingresaron en Guatemala en el 2007.
Esta estructura supuestamente opera en San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal y Petén que forman “el corredor del narcotráfico”, según investigadores.
En el 2008 fueron detenidos los primeros integrantes de este grupo, entre ellos Daniel Pérez Rojas, alias el Cachetes, quien purga 47 años de cárcel.
A los Zetas las autoridades también los vinculan con la masacre de 27 campesinos en Petén, en mayo del 2011.
Pesquisas del MP definen esa acción como una represalia por el supuesto robo de cinco mil 500 libras (dos mil 500 kilos) de cocaína que aparentemente el narcotraficante guatemalteco Otto René Salguero le había hecho a los Zetas.
