Citó el caso de los magistrados María Cristina Fernández García, presidenta de la Sala Tercera de Apelaciones del ramo Civil, así como los vocales Herbert Arturo Valencia Aquino y Érick Gustavo Santiago de León, quienes en dos amparos emitieron sentencias a favor de supuestos propietarios sin tener sustento legal que respaldara las propiedades de los bienes reclamados.
“La Sala Tercera de Apelaciones del ramo Civil está desposeyendo, primero en un caso, a la Municipalidad de Chuarrancho, donde le está quitando una propiedad y se las devuelve a los vecinos de dicho municipio de 1887, pero ¿quiénes son esos vecinos?, ¿quiénes son sus herederos?, ¿qué procesos se han seguido?, ¿cómo los van a detectar?”, refirió De León.
Este bien inmueble consta de 37 millones de metros cuadrados, equivalente a 81 caballerías.
El segundo caso se refiere a tres bienes inmuebles que pertenecen a 17 propietarios en El Estor, Izabal, y que supuestamente fueron reclamados por ocho comunidades ancestrales q’eqchi’s.
“Este segundo caso se trata de un copy paste del primer amparo, así como la sentencia. Son 17 propietarios, quienes han sido desposeídos bajo el supuesto de que los ancestros de las comunidades estuvieron allí dos mil años antes de Cristo y que por ello tienen el derecho a poseer la propiedad”, expresó la funcionaria.
En este caso mencionó como características que en tiempo récord los magistrados de la sala mencionada otorgaron el amparo provisional.
Las comunidades presentaron la acción ante esa sala el 29 de agosto del 2012, y resulta que el mismo magistrado ponente —Érick Gustavo Santiago de León— es quien le dio trámite y proceden a otorgar el amparo un día después, sin contar con los antecedentes y sin el informe circunstanciado del Registro General de la Propiedad y lo notificaron el 31.
En ambos casos, aseguró De León, ya se presentó una apelación que solicita que se revoque el fallo.
“Y esto son solo dos ejemplos de varios casos que están siendo tramitados en esta sala —Tercera de Apelaciones del ramo Civil— “, puntualizó.
La registradora dejó claro que no está en contra de las comunidades indígenas, y muestra de ello es que, junto al Fondo de Tierras, la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas están brindando certeza jurídica a las poblaciones.
En Chimaltenango
Además indicó que hay un tercer caso, en donde una jueza de Primera Instancia de Chimaltenango, a quien no identificó, también participa en actos irregulares contra propietarios de 254 casas.
Detalló que el mecanismo utilizado fue que a los dueños se les otorgó un préstamo de entre Q65 mil y Q100 mil para que viajaran a EE. UU. de manera ilegal y los hicieron firmar de una vez una simulación de un contrato de compraventa. Después, a las esposas las obligaron a firmar un contrato de arrendamiento.
“Entonces, la jueza los lanza por pago de rentas atrasadas, porque les da validez a esos contratos irregulares y a algunos les dijo que si querían recuperar su propiedad debían pagar Q600 mil”, aseveró De León.
Subrayó que en este caso se han logrado comenzar juicios de reivindicación de propiedad con el apoyo del Registro General de la Propiedad.
Lamentó que de los 18 mil profesionales del Derecho, la población solo pueda confiar en 10 mil y que del resto se tiene que cuidar.
No existe
Stuardo Ralón, abogado de la Cámara del Agro (Camagro), expuso que no existe, de conformidad con la Constitución, el derecho y propiedad ancestral.
“Todo esfuerzo por garantizar la certeza jurídica se echa por la borda cuando el Organismo Judicial —Sala Tercera del ramo Civil— no respeta y no interpreta las normas del derecho de la propiedad privada y la Constitución”, expresó Ralón.
Afirmó que en el caso de las propiedades ubicadas en El Estor, Izabal, no se demostró la legitimidad de las personas para presentar el amparo.
“Las comunidades indígenas ancestrales presentaron el amparo sin demostrar en ningún momento que son los propietarios de los bienes que impugnan”, dijo.
Se intentó localizar a los magistrados señalados, pero no fue posible ubicarlos en la Sala, debido a que están de vacaciones.
Además, en los números registrados en el Colegio de Abogados y Notarios se informó, en el caso de la magistrada Fernández García, que allí es la oficina de su esposo y que ella está de vacaciones; el de Valencia Aguirre no da tono de llamada, y el de Santiago de León está asignado a un negocio comercial.
Favorecen a comunidades
En dos sentencias la Sala Tercera del ramo Civil otorgó amparo a pobladores de El Estor, Izabal, y Chuarrancho, Guatemala.
“Del análisis de los medios probatorios a que se hizo relación se determina que efectivamente fue probada la falsedad de dicha escritura —en el fallo por las propiedades de El Estor, Izabal—”.
“En el acta faccionada el 29 de septiembre de 1997 por la notaria Perla Ruth Castellanos de Loukota, el licenciado René Meyer del Pozo manifestó que la escritura pública número 40 a que se ha hecho relación es falsa, pues él no la faccionó —fallo de bienes de El Estor, Izabal—”.
“Estos medios de prueba sumados son suficientes para probar la falsedad de la escritura pública número 40, ya señalada, lo que también provocaría efectos sobre las inscripciones posteriores —para el caso de El Estor, Izabal—”.
“La autoridad impugnada —Registro de la Propiedad— no puede argumentar en este caso que la comunidad indígena vecinos de la aldea de Chuarrancho, Chuarrancho, Guatemala, carece de legitimación, ya que como ha expuesto la Corte Interamericana, el otorgamiento de la personería jurídica sirve únicamente para hacer efectivos los derechos ya existentes de dichas comunidades”.
“Por lo anterior se determina que el Registro de la Propiedad ha conculcado los derechos de la postulante —comunidades indígenas de Chuarrancho—, por lo que se debe otorgar amparo a efecto de que sean restablecidos y en este sentido debe resolverse”.
Casos van en aumento
Anabella de León, registradora general de la Propiedad, explicó que en el 2012 se registraron 900 casos como sospechosos de intento de estafas a propietarios, pero en lo que va de este año van mil 400 expedientes, lo cual refleja un incremento en expedientes de este tipo.
Indicó que se tiene la proyección de que se concluya el 2013 con mil 800 expedientes sospechosos de estafas.
También aseguró que se han presentado cien denuncias en el Ministerio Público, por considerar ilegales los trámites.
Citó como ejemplo que se detectó que a una persona le hicieron 17 escrituras y para ello utilizaban el protocolo de un notario fallecido.
“Para estas redes nada es imposible: falsifican todo”, aseguró.
De León recalcó que los casos de despojo se deben a que se falsifican sellos y firmas de notarios, así como hojas de protocolo, por lo que consideró necesario que los guatemaltecos inmovilicen sus bienes, para evitar ser víctimas de estafa.
Llama a no dejar fisuras
Stuardo Ralón, abogado de la Cámara del Agro (Camagro), hizo un llamado a los agremiados de esa entidad y a la población a no dejar fisuras que permitan a terceros realizar gestiones registrales sin tener legitimidad.
“Creo que nos corresponde tomar una postura clara, contundente y no dejar fisuras abiertas en donde se permita a terceros cuestionar la validez o no de una inscripción registral —propiedad—”, dijo.
El profesional del Derecho explicó que el mecanismo idóneo para el reclamo de un inmueble es un juicio ordinario civil de reivindicación de derecho de propiedad.
Aseguró que no se puede abrir la puerta a que cualquier persona gestione operaciones de inscripciones registrales si no demuestra con medios y con pruebas que le pertenece el inmueble.
Expresó que los dos fallos de la Sala Tercera del ramo Civil son peligrosos porque estimulan a que cualquier persona pueda hacer un reclamo con base en el derecho y propiedad ancestral y pueda cuestionar el derecho a un bien inmueble sin tener legitimidad para hacerlo.
Víctimas
En tres casos les dieron muerte a los dueños de inmuebles.
El 17 de junio del 2012, la pareja de médicos Víctor Hugo Cardona Arreaga y Cristina Rosalinda Arreaga Maldonado viajó de Coatepeque a Quetzaltenango para firmar las escrituras de ocho fincas, pero los supuestos compradores los mataron.
El 6 de noviembre del 2011, el cadáver del ingeniero Juan José Quevedo Arrechea fue localizado en Zunil, Quetzaltenango. Los victimarios le robaron su propiedad.
El 3 de agosto del 2009 fue muerta la jueza Flor de María Gil Ovalle, y el 30 de julio del 2010, su hijo Héctor Juárez Gil, por el despojo de sus bienes.
