“Es un puesto político, y por ello  no se puede exigir una carrera académica, pero se espera que la persona  tenga experiencia en gestión pública”, agregó Castillo.

“Siempre han sido designados por compadrazgo político”, expuso Matías Gutiérrez, representante de oenegés de Quiché.
Manfredo Maldonado Hip, profesional de Derecho de Retalhuleu,  refirió que para designar a los gobernadores se mueven intereses de los partidos políticos. “Son puestos que únicamente buscan intereses y beneficios propios”, señaló.

Jeremías Álvarez,   presidente de los 48 Cantones de Totonicapán, lamentó los desaciertos que han tenido los anteriores presidentes en nombrar a los gobernadores; tal es el caso que en su departamento, en ocho años han designado a  cinco funcionarios.

Poca credibilidad

“El sueldo  no pasa de Q18 mil mensuales. La ambición por el poder local es grande, al tener mando sobre las diferentes  instituciones de Gobierno”, comentó Álvarez.

 “La falta de transparencia es una de las debilidades de este cargo,  ya que   nunca han rendido cuentas”, expresó el politólogo Carlos Amézquita.

Según el artículo 47 de la Ley del Organismo Ejecutivo, los gobernadores tienen por obligación  presidir el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, velar por la efectiva ejecución del presupuesto de inversiones asignado a su departamento y realizar el seguimiento, así como evaluar su ejecución, entre otros.

Analistas expresan que la funcionalidad del puesto de gobernador ha sido criticada en los últimos años, y se ha prestado para actos de corrupción porque este tiene comunicación directa con el gobernante de turno, ya que es  el coordinador del Codede, por lo que cuenta con   poder para influir en la contratación de empresas específicas para la ejecución de obras.

Por: M. López, Ó. Figueroa, J. Tizol, É. Domínguez.