Esta semana será notificada la Fiscalía de Delitos Electorales así como la legisladora Nineth Montenegro que ya fue asignado un juzgado para controlar las pesquisas. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad a la funcionaria por supuestos señalamientos de financiamiento electoral ilícito en la campaña de 2015.

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La Dirección de Gestión Penal designó por sorteo al Juzgado Quinto Penal, que dirige Judith Secaida, como contralor del proceso penal. Ninguna de las partes han sido notificadas.

“Cuando recibamos la debida notificación comienza el proceso para investigar y profundizar en el caso”, informó vía telefónica el fiscal Rafael Curruchiche.

Cuestionada

Secaida ha sido cuestionada en varias ocasiones por sus resoluciones en beneficio de procesados en varios casos. Uno de ellos fue el proceso de antejuicio promovido por el Ministerio Público (MP) en octubre de 2017 contra Álvaro Arzú, señalado de haber utilizado recursos de la comuna para su campaña electoral del 2011. La juzgadora recomendó no retirar la inmunidad.

La juzgadora Secaida también conoció el caso Redes, una trama de tráfico de influencias que involucra a funcionarios públicos, a un juez y a particulares.

En este proceso, Secaida otorgó arresto domiciliario al exministro de Energía y Minas, Edwin Rodas, quien se declaró culpable pero la juzgadora no accedió a emitir sentencia a través de un procedimiento abreviado.

Secaida también benefició con medida sustitutiva a Gustavo Martínez Luna, Filadelfo Reyes Cáceres y César Medina Farfán. El MP y la Cicig no estuvieron de acuerdo con la resolución y presentaron apelación.

En 2015, Secaida levantó el arraigo contra el exministro de Energía y Minas, Érick Árchila — actualmente prófugo de la justicia —, decisión que la Fiscalía apeló.

Muestran apoyo

La mañana de este jueves los Miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido político Encuentro por Guatemala brindaron una conferencia de Prensa para mostrar apoyo a su secretaria general.

Los integrantes calificaron de “lamentable la resolución de los magistrados de la Corte Suprema de Justica” y aseguraron que esta “responde a todas luces a intereses políticos espurios”.

Aseguraron que este proceso de antejuicio es para “provocar un daño al nombre es imagen de la secretaria de Encuentro por Guatemala”.

Ante la pregunta de periodistas de si la diputada pediría permiso para ausentarse al pleno, los miembros del Comité Ejecutivo descartaron ese extremo.

Finalizaron al decir que darán una batalla legal por este tema y pidieron a sus simpatizantes estar tranquilos.

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