El debate sobre la pena de muerte emerge nuevamente. A favor y en contra se alzan voces sobre la propuesta de aplicar la pena capital, tal y como contempla el ordenamiento jurídico nacional. Los que están a favor argumentan sustancialmente que es algo legal y además reduciría el nivel de criminalidad, especialmente en delitos muy graves. Quienes están en contra manifiestan resumidamente no ser cierto que la pena de muerte reduzca la criminalidad y el impedimento que representa el Pacto de San José. ¡Qué pena que se tenga que acudir a la pena de muerte para solucionar problemas de convivencia!, porque se demuestra que no hemos sido capaces de hacerlo de otra forma. Se ha fracasado, si es que alguna vez realmente se intentó seriamente encontrar una solución viable.

Quienes proponen tal medida “olvidan” —o no matizan— que la Constitución es sesgada y limita el “derecho” de las mujeres y de los mayores de 65 años a ser ejecutados como el resto de sus criminales compatriotas. No se escuchan, en congruencia con la solicitud, voces que reclamen la aplicación letal de forma igualitaria y con plena participación de género, como inquieren en otras cosas.

Lo que implementa la Constitución es únicamente la pena de muerte para hombres adultos no mayores, dejando fuera al 65% de la población potencialmente condenable. Pequeño detalle que pareciera no querer corregirse, aunque sea en pro de la justicia y de la igualdad exigida en otros asuntos. Me da que en el fondo subyace, como en muchas otras cosas, algo de feminismo, mucho de venganza y bastante de desesperación incontenible que genera un preocupante cóctel de muerte e impide alejarse —mucho menos salir— de la espiral del ojo por ojo y diente por diente contemplada en el Antiguo Testamento y practicada fervientemente por algunos sectores religiosos modernos que la perciben con devoción, aunque no con el mismo grado de razón.

Usted que seguramente tiene sentimientos encontrados, puede pensar que la vida es un derecho o que es la condición necesaria para que existan el resto de derechos humanos. Según se posicione, la muerte tendrá distinto significado y podrá formar su propia opinión, más allá de argumentos puntuales y de visceralidades temporales.

Abierta la puerta de la muerte como castigo, se puede continuar aplicándola como elemento reparador o incluso solucionador de otros problemas sociales. Así, países en los que no se aplica e incluso se aborrece, aceptan y promueven el asesinato por medio del aborto con elaboradas justificaciones, exactamente opuestas a las que utilizan para defender la vida de criminales confesos. ¡Todo un contrasentido que únicamente el ser humano es capaz de argumentar! Y es que ni los criminales encarcelados ni los nonatos votan y, consecuentemente, generan opinión política que los incluya en esta discusión. Sin embargo, quienes sí lo hacen promueven sus intereses y juegan a pequeños dioses terrenales contra la violencia criminal pero al mismo tiempo contra los embarazos “no deseados”, las malformaciones fetales o a favor de “la libertad” del uso del cuerpo por parte de la mujer, porque, no nos engañemos, el hombre en todo esto ha quedado excluido, quizá por voluntad propia.

Retomamos discusiones inacabadas que pretenden implementar normas particulares del gusto de cada quien, olvidando aquel “velo de la ignorancia” que Rawls propusiera como razón —no emoción— del origen de las normas ¡Tantos años de civilización, tecnología y progreso para seguir anclados en el debate primitivo del paraíso terrenal, en donde Caín mató a Abel! Pero así somos.

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