Con el caso La Línea quedó evidenciada la relación entre las viejas estructuras de inteligencia militar y los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (Ciacs) que operan en el país. El caso, sustentado a través de pruebas obtenidas con métodos especiales de investigación, develó la compleja red que se tejió durante años al amparo de los gobiernos militares y que continuó existiendo en la etapa democrática.

Personajes vinculados con la red Moreno volvieron a aparecer sentados en el banquillo de los acusados, y otros como Luis Mendizábal, que sigue prófugo de la justicia, por primera vez enfrentan una orden de búsqueda y captura. El modus operandi ha sido ampliamente difundido a través de las transmisiones en directo de las audiencias públicas de primera declaración del expresidente Pérez y la ex vicepresidenta Baldetti. Seguramente otros detalles saldrán a la luz después de la declaración como colaborador eficaz de Salvador González, alias Eco, y de la presentación de las pruebas que el MP y la Cicig logren recabar tras el periodo complementario de investigación.

Sin embargo, lo expuesto hasta ahora nos permite reafirmar que los Ciacs se originaron durante la guerra, a partir de estructuras de inteligencia que no solamente vigilaban y perseguían a opositores políticos y los exterminaban, sino además se valían de sus posiciones de control en puertos y aduanas para generar negocios millonarios que subsisten hasta ahora. Resuenan con fuerza los nombres de “La Cofradía” y “El Sindicato”, porque las vinculaciones de muchos de los ahora sindicados por el caso La Línea vienen precisamente de ahí. Qué cierto resultó eso de que la impunidad del pasado es la impunidad del presente.

En ese mismo sentido, el caso “Impunidad y Defraudación”, que involucra a la empresa Aceros de Guatemala, es sumamente ilustrativo. Por años se había venido denunciando la consuetudinaria y millonaria evasión de impuestos que las megaempresas guatemaltecas realizan a través de diversos mecanismos; y sin embargo nadie había querido entrarle a un caso que involucrara a alguna familia de las intocables. Y no estamos hablando solamente de la evasión de Q256 millones, sino de la fraudulenta devolución de Q11 millones que la SAT le otorgó en concepto de crédito fiscal. A ver si es claro: además de no pagar, encima cobraron, valiéndose de una red criminal que ellos mismos alimentaron a través de jugosos sobornos. Tan impunes han sido, que no tuvieron ningún prurito en dictar por teléfono el contenido que debía tener la resolución de la SAT para exculparlos.

La relación entre algunos de los miembros de La Línea con los implicados en el caso de Aceros de Guatemala muestra, además, cómo se teje en este país la telaraña de la impunidad. Algunos de los abogados defensores de esta red criminal están siendo ahora procesados por estar involucrados directamente en los desfalcos al fisco. Dejó de ser un secreto a voces la existencia de bufetes al servicio de las mafias y la colocación de piezas claves en las fiscalías y judicaturas (Frank Trujillo fue primero fiscal y luego magistrado de una sala de apelaciones), como parte del engranaje de los Ciacs; ahora hay casos concretos, con nombres y apellidos.

Por el momento están señalados los mandatarios judiciales, los representantes legales, y los funcionarios de la SAT que aceptaron los sobornos, falta ver si las investigaciones de este último caso llegan hasta los jefes de los jefes, y caen otros peces gordos, del nivel del “uno” y la “dos” pero del ámbito privado. Eso sí que haría temblar ese enorme muro de la impunidad que han construido para la defensa del sistema de privilegios y acumulación que tantos beneficios les ha traído.

@MarielosMonzon