En la ciudad de Nueva York, sin embargo, sólo 6 abogados se dedican a defenderlos a jornada completa, mientras que el resto de defensores son estudiantes de derecho y abogados voluntarios, que realizan el trabajo ocasionalmente pro bono.
Letitia James, defensora del pueblo de la ciudad de Nueva York, y representantes de las cinco organizaciones sin ánimo de lucro que defienden a los niños, criticaron duramente el martes la nueva política federal de acelerar los casos de los menores en la cortes al asegurar que simplemente se quieren apresurar las deportaciones y que los niños no recibirán un trato justo.
Portavoces del Departamento de Justicia han señalado en los últimos días que el plan de acelerar casos incluye “audiencias judiciales justas y ágiles”.
Más de 57 mil niños que cruzaron la frontera ilegalmente y sin familiares fueron arrestados por agentes fronterizos desde octubre hasta junio de este año, la mayoría en el valle de Río Grande, en el sur de Texas. Muchos son de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Las personas que acaban frente a una corte de inmigración en Estados Unidos no tienen derecho a abogados de oficio, pagados por el gobierno. Pueden contratar a abogados privados pero muchos inmigrantes no cuentan con suficientes fondos.
Para lidiar con el gran número de menores, el gobierno estadounidense ha iniciado un plan que aumenta el número de días a la semana en que los jueces de inmigración escucharán casos de niños. Se espera también que los menores vean mucho antes a un juez: en un plazo de 21 días desde que se activó su caso. Una segunda audiencia en la corte, aseguran los activistas, tardará ahora pocas semanas en ocurrir en lugar de varios meses.
El plan federal, implementado en varias cortes alrededor del país, arranca el miércoles en el tribunal migratorio de Nueva York.
“Este aumento (en la llegada de los menores) representa una verdadera preocupación, debido a los recursos con los que cuenta la ciudad, pero tenemos la responsabilidad de responder a esta crisis”, dijo James a los periodistas frente al ayuntamiento, en Manhattan.
La funcionaria y abogados de grupos como The Door, Safe Passage y Legal Aid Society pidieron también el martes más dinero al gobierno local, estatal y federal, para poder contratar a más abogados.
