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Claver-Carone, que aseguró que su país está “reforzando su frontera” e incrementado la ley de migración, denunció que las organizaciones criminales se han estado lucrando de la trata de personas usando como herramienta “los agujeros” que existen en la ley sobre el asilo.
Pero para que esta medida no se convierta en “un mecanismo falso o una herramienta que fomente la migración económica”, porque sería “una falsedad o una ilegalidad, Estados Unidos, “apoyado por la Corte Suprema de Justicia”, podrá devolver a las personas que busquen asilo al primer país de salvoconducto.
“Se les denegará (la petición de asilo) si no han pedido asilo en otros países”, indicó, al añadir que el objetivo de Estados Unidos es que exista un “proceso ordenado para la migración legal” y por ello aquellos intenten entrar “ilegalmente” serán “detenidos y devueltos a sus países”.
Claver-Carone comentó, sin dar muchas cifras, que la mayor parte de los migrantes que han pedido asilo del Triángulo Norte de Centroamérica, una de las zonas más pobres y violentas del mundo formada por Guatemala, Honduras y El Salvador, lo hicieron por razones económicas y que menos del 10 por ciento aplicaron al asilo, como establecen las normas internacionales.
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La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) define los refugiados como aquellas personas que huyen “para salvar sus vidas o preservar su libertad”, y los que van en búsqueda de un trabajo en el exterior no pueden, por lo tanto, considerarse refugiados.
Insistiendo en que la normativa de asilo se ha estado usando como “una excusa” y una “herramienta para tergiversar el sistema legal” estadounidense, avanzó que estos puntos ciegos “ya no existirán” y no podrán usarse como “un túnel para la migración económica ilegal” a Estados Unidos.
“Ya los tiempos de tergiversar la ley, los tiempos de estos grupos criminales de manipular a personas inocentes, poniendo sus vidas las de los niños en peligro (…) estos tiempos se acabaron”, resumió, y agregó que las personas que de verdad necesiten asilo lo soliciten en los países de tránsito.
En este sentido, admitió que los habitantes de los regímenes “dictatoriales” de Nicaragua, Venezuela o Cuba deberán hacerlo así a través de un proceso organizado de cooperación regional para poder asegurarlos y que sus vidas no corran peligro.
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